El día de ayer, la Auditoria Superior de la Federación (ASF) reportó que en el último año del sexenio de Enrique Peña Nieto, Pemex registró pérdida por 212. 6 millones de dólares por la rehabilitación de plantas fertilizantes nitrogenados.
Lo anterior tras entregar a la Cámara de Diputados el primer informe de resultados individuales de la fiscalización de la Cuenta Pública 2018 donde se precisó que la pérdida fue por el deterioro de las plantas chatarra localizadas en el Estado de Veracruz. Cabe mencionar que además de Peña Nieto en la compra irregular de dichos complejos estaría involucrado Emilio Lozoya, ex director de Pemex.
La ASF también resaltó que “en la revisión al proceso de reconstrucción por las afectaciones provocadas por los sismos de 2017, se observó que el Estado no garantizó que los donativos fueron entregados en beneficio de la población damnificada, que existieron limitaciones en la normativa de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para regular y supervisar los fideicomisos; asimismo que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Territorial careció de un padrón confiable sobre las viviendas afectadas”.
Esta entrega contiene 268 informes individuales de los mil 572 a presentar, de los que se emitieron un total de mil 497 observaciones: 629 son recomendaciones, 13 solicitudes de aclaración, 392 pliegos de observaciones, 28 promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal y 435 promociones de responsabilidades administrativas sancionatorias.
Mencionaron que 10 mil 639 millones de pesos que podrían recuperarse, por medio de las aclaraciones que presenten las instancias fiscalizadas en 2018, se han captado 394 millones de pesos. De modo que estarían pendientes de rescatar aproximadamente 10 mil 244 millones de pesos, lo que dependerá de la solventación de los entes y organismos auditados.
David Colemeares Páramo, auditor superior dio a conocer a los legisladores que se han presentado 56 denuncias penales ante las autoridades correspondientes, “quienes valorarán la existencia de probables responsabilidades”.
Entre los hallazgos relevantes, se detectó que el Estado no garantizó que el apoyo económico ofrecido a los damnificados llegara a sus manos, además de deficiencias en las evaluaciones de la calidad de la educación, en los procesos de reconstrucción por las afectaciones provocadas por los sismos de 2017, en la regulación y supervisión del sistema financiero.
Además, irregularidades en la operación de los Fondos y Fideicomisos del Poder Judicial de la Federación; en la adquisición, instalación, supervisión y puesta en servicio de precipitadores electrostáticos por parte de la Comisión Federal de Electricidad; en los pasivos ambientales, manejo y disposición de residuos por parte de Pemex, entre otros.
En el caso del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud transferido a las entidades federativas, se encontraron irregularidades por cuatro mil 935 millones de pesos, principalmente en los estados de Oaxaca y Chiapas.
ccca.
