Yunes Linares envió al Congreso su propuesta para la integración del Tribunal de Justicia Administrativa, en donde destaca a su secretario particular Pedro García Montañez, cuya única experiencia es haber sido director jurídico en Boca del Río.
Las otras tres propuestas de Yunes Linares son Alejandro Pérez, exdirector jurídico del municipio de Xalapa; Luisa Samaniego, jueza octava de lo Familiar en Xalapa, y Estrella Iglesias Gutiérrez, jueza de control en Xalapa.
Dicha acción emula a lo realizado el priista Javier Duarte de Ochoa, quien incorporó a sus amigos al Poder Judicial del Estado (PJE), sobre todo de aquellos políticos que le rindieron favores en “torcer” las investigaciones de asesinatos de periodistas.
Al inicio de esta semana, la Contraloría General del Estado (CGE) y la Secretaría de Gobierno (Segob) iniciaron una campaña publicitaria al interior de la propia administración estatal, cuyo slogan es: “Censuramos el tráfico de influencias”.
Sin embargo, la propuesta de García Montañez, aún secretario particular del gobernador como próximo magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, se aleja mucho de esta campaña.
La extitular del Juzgado Cuarto Civil de Coatepec, Beatriz Rivera Hernández, fue magistrada como “premio” por haber sido parte de la investigación del homicidio de la corresponsal de Proceso en Veracruz, Regina Martínez (abril 2012), crimen que continúa impune y sólo se centró en el robo como único móvil.
Marco Antonio Lezama Moo, exsubprocurador general de Justicia fue propuesto por Duarte como magistrado por avalar la ruta que tomaron las investigaciones de asesinatos de algunos reporteros en Veracruz, los cuales fueron vinculados a ligas criminales.
Mientras que Amadeo Flores Villalba fue propuesto por ser vástago del exprocurador Amadeo Flores Espinosa, conocido por entorpecer cientos de investigaciones por desaparición de personas, delitos en los que estaban ligados fuerzas policiacas locales, y también por dar “carpetazo” a las investigaciones por asesinatos de periodistas.
Duarte también sugirió retirar a Consuelo Lagunas Jiménez de la dirección de Investigaciones Ministeriales de la Fiscalía General del Estado (FGE), y la mandó a un cargo de bajo perfil, con el mismo salario dentro de la misma corporación.
Con la llegada de Yunes, Lagunas fue designada como procuradora fiscal de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) y sigue cobrando un buen salario.
Por su parte, María Dolores Silva Ovando rindió protesta hace un par de años como consejera del Centro Estatal de Justicia Alternativa del Poder Judicial del Estado (PJE).
