El conflicto laboral que arrancó en 2007 en Cananea y la herida ambiental que dejó el derrame de sustancias tóxicas en el Río Sonora (2014) se metieron de lleno a la agenda federal: este lunes 29 de diciembre, el Gobierno de México presentó un Plan Integral con una bolsa superior a $2,222.6 millones.
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, subrayó que el derrame de 2014 por parte de Grupo México “ocasionó afectaciones tanto al medio ambiente como a la salud de la población”, y explicó que el plan también contempla medidas para trabajadores mineros perjudicados por la empresa desde 2007.
Un plan con “apellido” de justicia: ambiental, agua y salud
Rodríguez detalló que el Plan de Justicia en Cananea surgió como respuesta a demandas sociales y comenzó su operación en febrero de este año, con un primer paso clave:
“Inició el diagnóstico para retomar la demanda de las comunidades y fortalecer las acciones de restauración, saneamiento del agua y mejora en los servicios de salud en la zona del Río Sonora”, puntualizó la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob).
Durante su mensaje en Palacio Nacional, la funcionaria enmarcó el anuncio como resultado de avances en dos problemas que marcaron a Sonora: la huelga de Cananea y los daños del Río Sonora. Y lo dijo sin rodeos:
“En un primer avance de las acciones coordinadas por el gobierno de México, se logró concluir la huelga de Cananea alcanzando justicia social para los trabajadores mineros.”
El dinero ya tiene mapa: ¿quién pone qué y cuánto?
Para financiar las acciones, se definió un esquema de aportaciones entre la empresa responsable y los gobiernos federal y estatal. El reparto quedó así:
– Grupo México: 70%
– Gobierno Federal: 22%
– Gobierno de Sonora: 8%
Y los montos reportados:
– Grupo México: $1,500,000,000
– Gobierno Federal: $483,622,432
– Gobierno de Sonora: $180,000,000
– Depósito de Grupo México ante la JFCA (2018 y 2019): $59,000,000
– Total: $2,222,622,432
En la Mañanera del Pueblo, Rodríguez lo explicó así:
“El acuerdo alcanzado contempla la participación de Grupo México con mil 500 millones de pesos, a los que se suman 59 millones que ya había depositado ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en 2018 y 2019. El gobierno federal aportó 483.6 millones de pesos y el estado de Sonora contribuyó con 180 millones de pesos. En total se invertirán 2 mil 222.6 millones de pesos en el Plan Integral”, explicó Rosa Icela Rodríguez.
¿En qué se va a gastar? Restauración, plantas potabilizadoras y un hospital regional
El Plan Integral, según el desglose presentado, se sostiene sobre tres frentes principales:
1) Justicia ambiental: restauración del Río Sonora
Se contempla el establecimiento de mecanismos de restauración, con estudios para determinar la extensión de daños en suelos y sedimentos, además de acciones de saneamiento del suelo contaminado.
2) Agua: vigilancia en tiempo real y nuevas potabilizadoras
El plan incluye el fortalecimiento del monitoreo de calidad del agua, con un Centro de Visualización de la Calidad del Agua, en tiempo real; además de equipamiento y mantenimiento para el Laboratorio Regional de Calidad del Agua del Noreste.
En infraestructura, se anunció la construcción de 16 nuevas plantas potabilizadoras, 16 sistemas de desinfección y adecuaciones en cuatro potabilizadoras ya en operación.
3) Salud: IMSS-Bienestar, hospital regional y atención renal
Se informó que IMSS-Bienestar mejorará infraestructura y equipo: el hospital comunitario de Ures se transformará en Hospital Regional con 60 camas, 21 consultorios de especialidad y área de atención intensiva.
También se anunció un centro para la salud renal con servicios de necrología, seis sillones de hemodiálisis, y un laboratorio especializado en metales pesados y toxicología. El hospital actual pasaría a ser un albergue para familiares de pacientes hospitalizados.
“Hoy culminan 18 años de lucha; es un hecho histórico”
Rodríguez sostuvo que el Gobierno de México fue “firme” para alcanzar el acuerdo con la empresa y lo vinculó con una ruta institucional de atención a rezagos. En su mensaje, remarcó:
“La directriz de la Cuarta Transformación es muy clara: El Estado tiene por obligación apoyar a los que se quedaron atrás, a los que se mantuvieron rezagados en el acceso a la justicia, para restituir los derechos y contribuir a conformar nuevos proyectos de vida.”
Y cerró con una frase que busca sellar el momento para Cananea:
“Hoy culminan 18 años de lucha; es un hecho histórico.”
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