- La iniciativa firmada por la Presidenta Claudia Sheinbaum establece penas de hasta 70 años de cárcel, obliga a investigar los feminicidios bajo protocolos homologados y busca cerrar el paso a la impunidad en todo el país.
La presidenta Claudia Sheinbaum firmó la iniciativa de la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio, una propuesta que busca homologar la investigación y sanción de este delito en las 32 entidades del país, establecer penas de entre 50 y 70 años de prisión y fortalecer la protección de las víctimas y sus familias.
Desde Palacio Nacional, la mandataria destacó que la propuesta parte de la reforma constitucional que reconoce el derecho de las mujeres a la igualdad sustantiva y a una vida libre de violencia, al tiempo que busca garantizar que todos los feminicidios sean investigados bajo los mismos criterios y con cero impunidad.
«Estamos presentando el día de hoy y ya enviando la iniciativa de ley que todos los estados deben seguir para que en todo el país se investigue de la misma manera el feminicidio y haya cero impunidad. Y por parte de las fiscalías, un trabajo igual en todas las entidades de la República».
Asimismo, la Presidenta subrayó la importancia de la reforma al señalar:
«Lo primero que hicimos fue llevar a la Constitución los derechos de las mujeres… establecimos el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y que a trabajo igual, salario igual. El feminicidio es la peor forma de discriminación y trato indigno hacia una mujer, significa asesinarla por el solo hecho de ser mujer».
Unificar la ley para evitar investigaciones desiguales
La titular de la Consejería Jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, explicó que la iniciativa responde a la fragmentación legal que existía en el país, donde cada una de las 32 entidades federativas regulaba el feminicidio con criterios distintos, lo que derivaba en diferencias en las investigaciones, las penas y la clasificación de los delitos.
“Existían tipos penales fragmentados […] las fiscalías no contaban con protocolos homologados y obligatorios para investigar y perseguir el feminicidio como tal, así como atender a las víctimas”.
La funcionaria explicó que la propuesta incorpora 10 razones de género para acreditar el delito de feminicidio, entre ellas la violencia sexual, antecedentes de violencia contra la víctima, estereotipos de género y contextos de asimetría de poder, además de contemplar 19 agravantes que podrán incrementar las sanciones.
Hasta 70 años de prisión y pérdida de derechos
La iniciativa establece que quien cometa feminicidio podrá recibir una pena de entre 50 y 70 años de prisión. Además, contempla sanciones adicionales para los responsables, entre ellas la pérdida de derechos sucesorios, la patria potestad, la guardia y custodia de menores, así como la destitución e inhabilitación para desempeñar cargos públicos.
En los casos en que el delito quede en grado de tentativa, las sanciones podrán alcanzar desde la mitad hasta dos terceras partes de la pena prevista.
Protocolos obligatorios con perspectiva de género
La titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Maribel Bojorges Beltrán, explicó que la nueva legislación obliga a que todas las fiscalías del país apliquen protocolos especializados y homologados, con una investigación basada en perspectiva de género y coordinación entre las instituciones encargadas de procurar justicia.
“Estos protocolos deberán incorporar, entre otros elementos, la perspectiva de género, la debida diligencia reforzada, los análisis de contexto de violencia, la preservación adecuada de indicios y además una coordinación entre instituciones de seguridad, procuración de justicia y, sobre todo, la atención a víctimas”.
Entre las obligaciones que incorpora la propuesta destaca que toda muerte violenta de una mujer deberá investigarse bajo la hipótesis de feminicidio, además de considerar antecedentes de violencia, aun cuando no existan denuncias previas, evitando cualquier tipo de estereotipo de género durante las investigaciones.
Reparación integral para las víctimas y sus familias
La subsecretaria de Derechos para una Vida Libre de Violencia, Ingrid Gómez, destacó que la iniciativa también fortalece los derechos de las víctimas directas e indirectas, incorporando un modelo de reparación integral del daño, con especial atención a niñas, niños y adolescentes que quedan en situación de orfandad como consecuencia de un feminicidio.
“Integral para niñas, niños y adolescentes que quedan en una situación de orfandad por el feminicidio de sus madres […] la reparación integral del daño deberá ser transformadora, adecuada, efectiva, rápida y proporcional”.
La propuesta también garantiza acceso a la verdad y la justicia, atención médica y psicológica de urgencia, asistencia jurídica gratuita, servicios de traducción e interpretación, así como la entrega digna y respetuosa de los cuerpos a sus familiares, además de impulsar campañas de prevención, información y fortalecimiento institucional para combatir la violencia feminicida en todo el país.
