(31 de julio de 2014).- En lugar de incrementar el financiamiento para el establecimiento de centros de detención para aprehender a las familias migrantes que intentan cruzar la frontera, el Congreso estadounidense debería contribuir a que se reconozcan mayores garantías de debido proceso, señaló Human Rights Watch.
Esta recomendación la ha hecho porque se espera que en la última semana de julio de este año, el Congreso trate las partidas suplementarias requeridas por el presidente Barack Obama el 8 de julio. Se espera que con la aprobación de estas partidas se instalen 6.350 nuevos centros de detención para familias de migrantes indocumentados con niños.
Human Rights Watch informó que el 22 de julio visitaron el centro de detención de familias inaugurado recientemente en Artesi, Nuevo México, que tiene capacidad para 672 plazas. Durante la visita documentaron irregularidades y obstáculos en materia de debido proceso para personas que solicitan asilo, así como posibles riesgos porque que menores pasen tiempos prolongados en los centros de detención.
Se prevé que esta semana la Cámara de Representantes lleve a votación su propio paquete de medidas de financiamiento de emergencia. Ante este hecho, Human Rights, cree que si el Congreso aprueba fondos adicionales, lo único que provocaría es el incremento de las detenciones a las familias migrantes.
Las autoridades federales han detenido a más de 55.000 padres e hijos desde octubre de 2013, lo que representa un incremento de casi el 500 por ciento en contraste con los últimos doce meses. A pesar de que el gobierno afirma que la afluencia en el número de detenciones es para disuadir a los que intentan cruzar la frontera, las evidencias disponibles sugieren que la detención no actúa como factor disuasivo, señalo Human Rights Watch.
En sus visita al centro de detención de Artesia, en Nuevo México, Human Rights Watch registró un que éste albergaba a 287 familias de Guatemala, Honduras y El Salvador, mayoritariamente. La mitad de los niños detenidos tenían menos de seis años y medio. Muchos de ellos todavía estaban en etapa de lactancia.
Detectaron que muchas de las mujeres y niños detenidos eran, probablemente, solicitantes de asilo que intentaban obtener protección como refugiados y que temían la deportación a sus lugares de origen donde su vida corría peligro.
Ante estas problemáticas, documentaron que había graves problemas en los procesos para plantear un pedido de asilo. Detectaron que no se les reconocía el derecho a ser llevados ante un juez de inmigración, a menos que un funcionario de asilo lo determinara.
De entre otras irregularidades, encontraron que las madres detenidas que solicitaban asilo, eran entrevistadas en presencia de sus hijos, lo que podría inhibirlas a la hora de hablar con franqueza, obstaculizando su posibilidad de plantear su problemática. Recomendaron que esta práctica debía terminar lo antes posible.
A pesar de que el organismo de la Naciones Unida para los refugiados, ACNUR, ha propuestos directrices sobre la protección internacional de solicitantes de asilo de niños, y que una de ellas es la elaboración de entrevistas individuales a todos los integrantes de la familia solicitante para que cada uno tenga la posibilidad de plantear sus problemáticas y pretensiones, dentro de los centros de detención esta recomendación no se lleva a cabo.
También, la falta de asesoramiento legal, que la ACNUR estipula como necesaria en el proceso, es un obstáculo casi infranqueable para hacer de su solicitud de asilo favorable, pese a que está estipulado que los detenidos cuenten con asistencia legal desde su detención.
En 2012, la Naciones Unidas indicaron que los niños nunca deberían ser detenidos por razones de inmigración, y que no puede ser considerado, bajo ningún supuesto, que su detención por la policía migratoria fuera en beneficio de su “interés superior”. Pese a estas recomendaciones, Human Rights Watch comprobó castigos a los menores, así como la negación a entablar comunicación telefónica con alguna otra persona.
