Ilustració: Pe Aguilar/ @elesepe1
(06 de agosto, 2014).- El 6 de agosto, pero del año 1913, el general Lucio Blanco llevó a cabo el que se considera como el primer reparto agrario producto de la Revolución Mexicana, en el municipio de Matamoros, Tamaulipas. Este hecho histórico molestó al primer jefe, Venustiano Carranza, por lo que fue trasladado a Hermosillo, entonces bajo el mando de Álvaro Obregón. Participó en la Convención de Aguascalientes, al lado de los villistas, y fue ministro de Guerra en el gobierno efímero de Eulalio Guzmán. Al triunfo de las fuerzas constitucionalistas se exilió en Estados Unidos, regresó y se opuso al Plan de Agua Prieta. Fue asesinado cuando planeaba encabezar un movimiento armado contra el caudillo sonorense.
Ciento un año después, la contrarreforma agraria es un hecho consumado, para beneplácito de los neoporfiristas en el gobierno, quienes están decididos a lo que sea con tal de afianzar un sistema político y social que les permita seguir acumulando privilegios sin tener que rendir cuentas a la sociedad. Lo habrán de lograr, sin duda, en la medida que las organizaciones progresistas no se unan en torno al objetivo de oponer una resistencia ciudadana, equiparable a la fuerza que está poniendo en práctica la oligarquía para apuntalar sus intereses. Las leyes secundarias de la reforma energética son el camino para despojar a los campesinos de su medio de vida, y al país de su última posibilidad de alcanzar autosuficiencia alimentaria.
En el estado de Morelos se realizó, el pasado fin de semana, un encuentro en el que participaron las principales agrupaciones campesinas nacionales, las cuales firmaron un acuerdo que llamaron “Declaración Morelos”;demandaron la constitución del sistema nacional para la pequeña y mediana agricultura, la reforma para el campo y una nueva política alimentaria y nutricional. Se afirmó que el problema del campo mexicano no es un asunto de leyes. “Ya se tienen muchas leyes, ahora sólo falta aplicarlas y cambiar la política injusta que desprecia la producción nacional, quiere expulsar al campesino e indígena de sus comunidades, dejarlos sin empleo ni sustento”. Mucho peor que en el porfiriato, no sólo por lo que se refiere al volumen de población, sino por la eficacia inhumana de los mecanismos en marcha.
Alguna vez, analistas extranjeros en los años treinta, señalaron que México estaba en una encrucijada histórica: por un lado se tenía un proyecto nacionalista con tintes progresistas, delineado en la Constitución de 1917, y por el otro un programa diseñado en el extranjero para insertar a los mexicanos al proceso globalizador que desencadenaría la Segunda Guerra Mundial. La situación geopolítica de entonces nos ayudó a seguir el primero, pero la decisión de los países del Eje de ganar la confrontación bélica, contribuyó a que México se alineara con Estados Unidos. A partir de entonces, nuestro destino quedó sellado, situación que se apuntaló de manera contundente con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1994.
Dos décadas después, del México que se construyó bajo los lineamientos de la Carta Magna de 1917 no queda nada. Sin embargo, el grupo en el poder sigue escudándose en la superestructura surgida de la Revolución Mexicana para cometer todo tipo de abusos contra las clases mayoritarias, de manera por demás dramática contra los campesinos y la población indígena. Esto es posible porque nada se los impide, no existe una oposición organizada que sirva de freno a los desmanes de una oligarquía que perdió el sentido de las proporciones y considera que todo lo que hace es correcto. La reforma energética será la puntilla contra los trabajadores del campo y de las urbes, porque sistematizará el despojo de una manera “legal”, y todo aquel que se oponga será sujeto de represión.
Es incuestionable que al inicio del sexenio de Carlos Salinas de Gortari las organizaciones progresistas se replegaron, lo que facilitó sobremanera que pudiera llevar a cabo su proyecto antidemocrático y entreguista. De igual modo, las componendas de la “izquierda” con Enrique Peña Nieto han sido el factor que prohijó las contrarreformas en marcha. El colmo será que se permita a la derecha en el Congreso seguir maniobrando a su antojo. Las elecciones del año 2015 deben ser la piedra de toque de la resistencia democrática que urge poner en marcha de aquí en adelante.
