Por Ivonne Acuña
(07 de agosto, 2014).- La llamada “alerta de género” o “Alerta de Violencia de Género” (AVG) es definida en la Ley General de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), promulgada en febrero de 2007, como un mecanismo de coordinación interinstitucional que se pone en marcha en los casos de violencia feminicida. Con este mecanismo se pensó contar con una herramienta que permitiera recuperar el tejido social y evitar una mayor descomposición de éste motivado por la violencia en contra de las mujeres.
En apoyo al cumplimiento de esta ley y de la AVG se creó el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNPASEVM), éste se encuentra integrado por las secretarías de Gobernación, Desarrollo Social, Educación Pública, Salud, Trabajo y Previsión Social, además de la Procuraduría General de la República, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, el Instituto Nacional de las Mujeres y los institutos de las 32 entidades federativas.
Dos palabras son clave aquí para definir de manera más fina a la AVG, “género” y “feminicidio”. La primera apunta a toda la construcción cultural que se monta sobre las diferencias biológicas de los sujetos en función de su sexo; esto es, el género está conformado por el conjunto de características, valores, normas, pensamientos, prácticas, actitudes, etcétera que se asocian de manera diferenciada a las mujeres y los hombres. La segunda, como se aprecia a simple vista, refiere al “homicidio de féminas” , pero lo que no es tan obvio es que esos homicidios se cometen en contra de las mujeres por el sólo hecho de serlo.
Más aún, de acuerdo con el Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, los feminicidios son los asesinatos de mujeres motivados por el sexismo y la misoginia y “son la expresión de la violencia extrema contra las mujeres y niñas. Representa una experiencia de terror continuo, donde figuran humillación, desprecio, maltrato físico y emocional, hostigamiento, violencia sexual, incesto, abandono”.
Ante el hecho de que entre los años 2000 y 2009 fueron asesinadas 12,636 mujeres, que de 2006 a 2012 (sexenio de Felipe calderón Hinojosa) los feminicidios en México aumentaran 40% lo cual supone un promedio de 6 mujeres asesinadas diariamente con un 95% de impunidad y de que de 2012 A 2013 ya se hayan contabilizado otros 2,299 asesinatos, organizaciones de mujeres como Las Libres se han organizado para exigir al Estado mexicano que por primera vez, en el país, desde que entró en vigor la LGAMVLV, se declare la alerta de género en Guanajuato, misma que fue pedida también en 2009.
Éste no es el único estado de la República donde grupos de mujeres han solicitado la AVG, lo han hecho también en el Estado de México, Chihuahua, Oaxaca, Morelos, Nuevo León, Hidalgo y Chiapas. Sin embargo, estas demandas no han sido escuchadas por los gobiernos de estas entidades federativas ni por la presidencia de la República, quien a negativa de las autoridades estatales podría declarar la alerta de género, apoyada en la Ley y el Sistema Nacional mencionados.
Las razones que podrían explicar dicha negativa apuntan por un lado a cuestiones de orden cultural, donde la misoginia, entendida como “el odio hacia las mujeres”, lleva a minimizar la “crisis” de violencia que se ha desatado en México en contra de las mismas.
Por otro lado, se podría asociar esta negativa con situaciones de tipo político que subordinan el bienestar de las mujeres como: 1. Los intereses relacionados con procesos electorales en los que declarar alerta de género en un estado supondría poner en cuestionamiento el trabajo del gobernador en turno o de un ex gobernador que busca otras posiciones de poder. 2. La negociación entre partidos donde las mujeres y sus derechos son vistos como botín político, como en el caso de las leyes anti-aborto que permiten criminalizar a las mujeres aún en casos de aborto no provocado en las que el PRI cedió a las peticiones conservadoras del PAN a cambio del apoyo de este partido en asuntos de su conveniencia. 3. La legitimidad de quien gobierna, pues declarar la alerta de género así como reconocer la necesidad de los grupos de autodefensa o el número de muertos o desaparecidos forzados, etc., es asumir que no se está cumpliendo adecuadamente con la función de proteger a la población o que lo que se está haciendo no es suficiente para mantener a salvo ni a las mujeres ni a los hombres.
De esta manera diversas organizaciones civiles denuncian http://goo.gl/u8whcQ “que el gobierno federal y los estatales se han negado a emitir cualquier alerta porque la ven como un asunto político que dañará su gestión y no como una obligación para garantizar el acceso a una vida libre de violencia”.
El argumento principal para negar la declaratoria de alerta de género es que, a decir de las mismas autoridades, del número total de mujeres muertas la mayoría no corresponde con el tipo penal del “feminicidio”, pues caer por las escaleras, aporrearse contra la pared, caer sobre un cuchillo, dispararse al limpiar un arma, violación tumultuaria pedida a gritos, muerte en riña o por encuentro casual con vehículo automotor, etcétera, no pueden ser considerados como agresión directa por su condición de mujer, sino “accidentes” no provocados. Igualmente, afirman que no es oportuno declarar dicha alerta hasta que la violencia sea “inmanejable”.
Cabe decir en descargo de las autoridades federales que, por primera vez, la Secretaría de Gobernación ha decidido considerar la posibilidad de hacer la declaratoria para el estado de Guanajuato.
Existe también una investigación al respecto en el Estado de México, ésta se inició desde 2011 pero a decir del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), esta investigación es discrecional pues no cuenta con la participación de la sociedad al Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para plantear su preocupaciones al respecto.
En cuanto a Guanajuato se espera que, en esta ocasión, el Estado anteponga la seguridad de las mujeres sobre cualquier otro tipo de interés político. De hacerlo sentaría un precedente que permitiría, poco a poco, extender la AVG a otras entidades de la República y de ser necesario, a todo el territorio nacional, respondiendo así a una demanda largamente expresada.
Por supuesto, esta medida por sí sola no sería suficiente para modificar el esquema cultural bajo el cual ocurren los feminicidios, pues sólo va encaminada a castigar y/o prevenir. Sin embargo, no ataca el problema de raíz, por lo que se deben establecer más políticas públicas dirigidas a cambiar la concepción y percepción que de las mujeres se tiene en amplios sectores de la sociedad mexicana, donde las féminas son vistas como inferiores, como seres de segunda, como objetos de cambio susceptibles de ser agredidas, mutiladas, violadas, secuestradas, traficadas, compradas, vendidas y finalmente asesinadas, como ya se ha comentado en otras participaciones.
De lo contrario, una actitud negligente por parte de los diversos gobiernos, ya federal o estatales, los hace no sólo responsables sino cómplices de la violencia sistemática que viven las mujeres de manera cotidiana en México.
