(11 de agosto, 2014).- Severas y frontales han sido las críticas al Congreso de Sinaloa, por haber aprobado una legislación –sin debate y algunos sin leer- que a todas luces coarta el trabajo de los periodistas y limita la libertad de expresión. En medio de los señalamientos, los diputados locales no han tenido otra opción que aceptar “el gol” que les metió el gobernador Mario López Valdez (Malova) con la iniciativa de la llamada “Ley Mordaza”.
Sandra Luz Lara Salazar y Marco Irízar, ambos del Partido de la Revolución Institucional (PRI), e integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación fueron de los legisladores que aceptaron “no haberse dado cuenta”, como lo demás, de haber aprobado tan fácilmente la reformas al artículo 51 bis de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
Días antes de votar rápidamente y por unanimidad, sin debate u oposición, los diputados tuvieron una gran fiesta con Malova en Altata, Navolato, situación que tal vez propició su precipitación por aprobar la polémica ley. “Esa pendejada no la vi. Se me pasó”, admitió con franqueza Imelda Castro del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Sin más argumentos que las disculpas, otros aceptaron su equivocación colectiva, además de sostener ante la prensa que habían actuado con apuro mientras debían adaptar las leyes del estado a las federales.
El pasado jueves 7 de agosto, en tras la última sesión del pleno y el altercado entre los medios y el diputado Roque Chávez, quien los dejó con la palabra en la boca, líderes de las asociaciones de periodistas 7 de Junio y otras de Sinaloa, protestaron contra la Ley Mordaza, y de manera particular contra el coordinador parlamentario priísta, Jesús Enrique Hernández Chávez y los miembros de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).
Gol a la libertad de expresión
Fuentes anónimas comentaron que algunos diputados como Imelda Castro, también coordinadora del sol azteca, se acercaron a Hernández Chávez para manifestarle que la derogación era necesaria pues evidentemente se habían equivocado.
Aun con el informal consenso, el líder de los legisladores del Partido Acción Nacional (PAN), Francisco Solano Urías insistió en descalificar la cobertura periodística de acontecimientos policiacos.
Incluso señaló que algunos asesores de la junta subrayaron que el problema era de los dueños de los medios y no de los periodistas, pues los primeros eran quienes “dictaban las políticas editoriales y siempre quieren hacer negocio”, según fuentes anónimas. Finalmente, y por “solidaridad” con los diputados aceptó rubricar la derogación.
Al igual que el priísta, la panista Yudith del Rincón defendió las disposiciones de la Ley Mordaza, pues mientras Silvia Miriam Chávez de Nueva Alianza expresó frente a los reporteros que en el Congreso habían actuado como burros, la blanquiazul aceptó haber revisado el texto y estar a favor de regula las actividades periodísticas antes hechos policiacos.
“Fue un gol. En ese descuido, nos metió un gol el gobernador”, fue la sentencia casi infantil que se oyó de otro diputado, que como todos los demás, dio luz verde a una ley represora por el apuro que tenía para salir de vacaciones.
