(19 de agosto, 2014).- Para conmemorar el 4° aniversario de la Masacre en San Fernando, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y otras organizaciones sociales y civiles, organizaron un panel para reflexionar y dictaminar responsables por el caso de los 72 indocumentados asesinado en agosto de 2010 en el estado de Tamaulipas.
En el evento participaron invitados como el Dr. Jorge Bustamante (ex Relator Especial de la ONU para los derechos humanos de las y los migrantes y fundador del Colegio de la Frontera Norte, COLEF); el padre Alejandro Solalinde del Albergue “Hermano en el Camino” de Ixtepec, Oaxaca; el periodista salvadoreño Óscar Martínez de El Faro. Net y autor del libro “Los migrantes que no importan”; Fray Tomás González de La 72 en Tenosique, Tabasco.
Además estuvieron participando Leticia Calderón, del Instituto Mora/Red Migrantólogos; Laura Calsen, del Programa Américas, Center for International Policy-CIP; Wilner Metelus, del Comité Ciudadano de Defensa de Naturalizados y Afro-Mexicanos, CCDNAM, Y Pedro González Gómez de la Asamblea de Migrantes Indígenas del DF, quienes forman parte del jurado internacional del tribunal Permanente de los Pueblos (TPP).
Los miembros del TPP adelantaron algunas conclusiones del evento en las que trataron de sentar las bases para someter a juicio internacional a autoridades del estado mexicano, de EE.UU., y de los estados de origen de las y los migrantes en tránsito.
En el documento presentado, señalaron como responsables a distintas autoridades por ser parte de una política de “persecución y exterminio” hacía los migrantes y por fallar en sus obligaciones para prevenir las violaciones a los derechos de los migrantes.
Estas faltas han concluido en una violación sistemática, grave y masiva de la normatividad internacional y de los marcos jurídicos internacionales, por lo que es pertinente abordarlos como crímenes de Estado y crímenes de lesa humanidad, apoyados en el Artículo VII del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, señalaron.
Apuntan al gobierno estadounidense como responsable por los efectos derivados de la imposición del libre comercio en México y en Centroamérica, así como por la militarización de la frontera, que ha llevado más riesgos al momento de cruzar la frontera.
En el dictamen se incluyen los hechos conocidos como la Masacre de San Fernando de agosto de 2010, las fosas clandestinas descubiertas en el mismo municipio en abril de 2011, la masacre de Cadereyta en mayo de 2012, y las redadas, amenazas y acoso contra los defensores de los migrantes en tránsito, así como violencia en contra de albergues y caravanas de migrantes en todo el país.
Para los integrantes del TPP, los actos y omisiones anteriores descritos constituyen un contexto de terror y criminalidad que configuran una política de persecución y exterminio contra los migrantes en tránsito por el territorio mexicano.
Señalan que los crímenes realizados en contra de los migrantes son el resultado de una subordinación de las autoridades mexicanas a los supuestos imperativos de la “seguridad nacional”, que definieron como “securitización”, y del libre comercio impuestos por Estados Unidos.
Las medidas impuestas por el país del norte –dijeron- implican la militarización de las fronteras, la criminalización de los flujos de migrantes indocumentados y de sus protagonistas y la mercantilización de los migrantes. Estas medidas, denunciaron, convierte en factores estructuralmente esenciales pero coyunturalmente desechables.
