(27 de agosto, 2014).- La muerte de 22 pobladores en Tlatlaya, municipio del Estado de México, a manos de un comando de soldados, ocurrida el pasado 30 de junio, debe ser investigada de forma imparcial y efectiva, solicitó la organización internacional Human Rights Watch (HRW).
José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW manifestó que tras dos meses de ocurrida la matanza al interior de una bodega, donde también resultó lesionado un elemento castrense, todavía existen muchas preguntas en torno a lo que verdaderamente aconteció, mismas que por ley se deben indagar.
En un comunicado, las autoridades explicaron que el ataque –el cual actualmente está en manos de la Procuraduría General de la República (PGR) — de los militares fue en respuesta a disparos de los ciudadanos. No obstante, fuentes confidenciales afirman que los primeros hicieron uso excesivo de la fuerza pública.
El mismo día de los hechos, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) aseveró que los soldados tuvieron que repeler los disparos de los civiles, quienes presuntamente atacaron al percatarse de su presencia, versión que fue secundada por el priísta Eruviel Ávila Villegas, gobernador de la entidad.
Esta versión fue refutada el 8 de julio por un corresponsal de Associated Press, quien tras visitar la zona manifestó que eran pocas las pruebas que indicaran un fuerte enfrentamiento armado. Otra visita a cargo dos miembros de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), igualmente rechazó la existencia de pruebas como balas perdidas.
Sobre el incidente, mediante el cual se logró la liberación de dos mujeres presuntamente secuestradas, el titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), Alejandro Jaime Gómez Sánchez espetó que no existían elementos para señalar a los castrenses como asesinos de los 22 pobladores.
Las muertes ocasionadas por enfrentamientos con personal militar, posee ya un largo historial, pues de acuerdo a la propia Sedena entre 2007 y 2012 han muerto 2 mil 959 civiles, por únicamente 158 soldados, lo que muestra un indicio del abuso de poder en los choques.
De acuerdo a datos periodísticos, en la administración de Peña Nieto ya son 658 las personas que han perdido la vida a causa de ataques militares, panorama ante el cual el titular del Ejecutivo tendrá que demostrar que efectivamente pretende hacer valer los derechos humanos incluso en el marco del uso de la fuerza pública e investigar íntegramente, refirió Vivanco.
