(28 de agosto, 2014).- A pesar de que en México existe la Ley Federal de Protección de los Derechos, debido a que cuatro de cada 10 ciudadanos son menores de edad, ésta sólo aplica en los papeles, pues no se cuenta con mecanismos que procuren tales derechos, situación se replica en las leyes estatales.
Tan sólo en el apartado C del artículo 14 de dicha legislación, aunque se contempla el diseño y ejecución de políticas a favor de los derechos infantiles, a 14 años de su promulgación siguen sin existir, aun con la alerta por los 39 mil casos de maltrato infantil que registraron las autoridades responsables.
La creación de un instituto especializado es igual de nula, y lo único con lo que se cuenta es con el sistema de Desarrollo Integral de las Familias (DIF), definido por ellos mismos como el nexo entre políticas públicas de asistencia social que promueve la integración familiar, aunque en realidad únicamente reacciona ante la falta de familia.
Sin importar lo anterior, ocho de cada 10 menores que no cuentan con el cuidado de padres o tutores recalan en instituciones privadas que lejos están de la supervisión gubernamental. Tal como quedó demostrado con el polémico caso de Mama Rosa y su albergue La Gran Familia en Zamora, Michoacán.
Otro de los grandes males que aquejan la procuración de los derechos de los niños, es la ausencia de protocolos preventivos y la falta de acciones contundentes frente a los actos que vulneran, como se muestra en los sonados casos de bullying escolar.
Por si fuera poco, México es el único país de América que no cuenta con un sistema integral o institución encargada de los menores, como en los casos de las mujeres o los pueblos indígenas, que con todos sus asegunes existen.
Igual de preocupante es la ausencia de un sistema que informe oportunamente sobre la situación de los menores mexicanos, aunque en 2006 el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas solicitó su creación.
