(30 de agosto, 2014).- El caso de las reiteradas agresiones contra la revista de investigación Contralínea, recibió la oportuna e histórica atención por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano que ordenó medidas cautelares, las primeras referentes a la libertad de expresión, y aun sin haber recibido información por parte del gobierno mexicano.
Emilio Álvarez Icaza, secretario ejecutivo del organismo autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) se mostró complacido con las medidas –las primeras desde la reforma al reglamento que sufrieron-, de las cuales únicamente 26 solicitudes procedieron el año pasado, a pesar de las 400 existentes.
En medio del 152 periodo 152 periodo extraordinario de sesiones de la Comisión, realizado el entre el 11 y el 15 de agosto pasado en la Ciudad de México, Álvarez Icaza explicó que a partir de la reforma se determinó solicitar informes pero no información al Estado para poder emitir las medidas cautelares
Sobre el caso de Contralinea, las agresiones contaba con las características de urgencia debido a la gravedad de los hechos, e incluso una posible irreparabilidad, datos suficientes para no solicitar información al Estado y emitir las medidas sólo ocho días después de haber llegado el pedimento.
El funcionario también explicó que las agresiones no se enlistaron rápidamente, sino fueron ocurriendo mientras la escala de riesgo aumentaba. Finalmente, la CIDH optó por otorgar las medidas tras analizar la situación del personal, las instalaciones que incluso fueron allanadas, el robo de información, material y las subsecuentes amenazas.
De esta forma, la Comisión ordenó las medidas con base en el aumento gradual de las acciones que representaban un mayor riesgo para la revista y los trabajadores. Sin embargo, un elemento que indició fuertemente en la decisión, fue el trabajo realizado por el medio, tal como lo aseguró el propio Álvarez Icaza.
“Simultáneamente la Comisión revisó el tipo de actividad de periodismo de investigación que hace Contralínea y eso la ha puesto en una condición de controversia, de ataque y de riesgo por el tipo de investigaciones que hace”, con lo que expuso el valor del periodismo de investigación como prueba de las agresiones, ya que señalan casos específicos de corrupción. “La libertad de expresión es un derecho que se conjuga en colectivo. No es sólo la labor de un periodista”, sentencio Álvarez Icaza.
