(1 de septiembre, 2014).- En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, distintas organizaciones de derechos humanos han señalado la poca voluntad del gobierno mexicano para atender a los reclamos de los familiares de personas desaparecidas en el país.
“[…] prevalece la confusión que ha marcado diferentes aspectos de la política para abordar esta crisis”, señaló la organización Amnistía Internacional (AI) en México al referirse a las 22 mil 322 personas no localizadas en el país, cifra de la cual no se sabe su procedencia.
Para AI, no queda claro “cómo estas 22,322 personas se relacionan con los datos aportados por la Secretaría de Gobernación el 22 de mayo que se referían a 8,000 personas y el 16 de junio que explicaron que en realidad se trataba de 16,000 personas”.
En la base de datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se registran 13 mil 442 desaparecidos del sexo masculino y 6 mil 12 del sexo femenino, mientras por estados, la lista la encabeza Tamaulipas con 2 mil 349 desaparecidos, Jalisco con 2 mil 15, el Estado de México con mil 554, Coahuila con mil 281, mientras en los más bajos se encuentran Tabasco con 6, Baja California Sur con 14, Tlaxcala y Nayarit con 18 y San Luis Potosí con 25.
“A pesar de anunciar que este tema es prioridad para el gobierno federal, las cifras aportadas siguen creciendo sin tener ninguna coherencia entre las declaraciones que se van realizando, no existe ningún documento oficial que explique claramente el proceso de depuración de datos y el por qué las cifras han variado de forma tan drástica en tan poco tiempo”, declaró Amnistía Internacional a través de un comunicado.
En junio pasado, el titular de la Secretaría de Gobernación, Osorio Chong, señaló en conferencia de prensa que el número de personas no localizadas al final del sexenio de Felipe Calderón era de 27 mil, mismo que “se redujo” a 8 mil tras una revisión con las entidades federativas.
“Pero se siguió incrementando a partir de 2012, con otro número aproximado de 12 mil, 14 mil que también ya se redujo a 8 mil en la revisión”, señaló el funcionario, destacando que hasta ese momento los desaparecidos se situaban “en alrededor de 16 mil”.
“No es complicado entenderlo, es simplemente decirles que es una base de datos que se va actualizando día a día y que este [número] ha sido revisado por las procuradurías [estatales]”, declaró.
En este rubro, Amnistía Internacional precisó que no hay claridad en cuanto a las personas localizadas después de haber sido reportado como sustraído por la fuerza.
Resulta preocupante, destacó la organización de derechos humanos, que en las cifras no se especifique cuántas personas son presuntas víctimas de desaparición forzada, es decir, cuándo existen indicios del involucramiento directo o indirecto en la sustracción de la persona por un funcionario público, y que se le niega información sobre el paradero de la víctima, casos en los cuales los mismos funcionarios están implicados.
Ante el anuncio de la construcción de un Plan Nacional de Búsqueda sistematizado y de carácter permanente anunciado por la administración priísta, si bien Amnistía consideró que es un paso importante para abordar el tema de desaparecidos, debe probar su eficacia.
“[…]no se ha brindado evidencia de que en el día a día las personas víctimas y sus familiares estén recibiendo una mejor atención, que las búsquedas sean más rápidas, enfocadas, coordinadas o eficaces y que lleven ante la justicia a las personas responsables, sea funcionarios públicos o delincuentes. Es a raíz de información como ésta, que demostrará un impacto decisivo en favor de las víctimas, donde el gobierno empezará a mostrar que realmente está abordando la crisis de las personas desaparecidas”, concluyó AI.
