Por Jaime Guerrero / Oaxaca 3.0
(01 de septiembre, 2014).- El presidente del Consejo Ciudadano de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), Arturo Peimbert Calvo, señaló que servidores públicos de distintos niveles de gobierno, particulares y funcionarios que hacen política en la entidad, pretenden descarrilar el proceso de alternancia y transición democrática de Oaxaca, desestabilizando las instituciones para generar encono entre sociedad y gobierno.
En su mensaje político durante su segundo informe anual de actividades correspondiente al periodo de mayo de 2013 a mayo de 2014, dijo:
“Hoy es claro que tanto particulares como servidores públicos de distintas geometrías políticas, incluidos funcionarios que participan en la política doméstica de Oaxaca, buscan desestabilizar a las instituciones y apuestan a generar encono de los gobernados hacia los gobernantes”, soltó sin dar nombres.
“Es un intento claro por descarrilar el avance democrático, obtener de regreso sus antiguos fueros e imponer a nuestra sociedad el oscurantismo autoritario basado en la persecución, las desapariciones forzadas, el encarcelamiento y el asesinato por motivos políticos, en el que las únicas prerrogativas ciudadanas sean callar y obedecer”, completó.
Ante el gobernador del estado, Gabino Cué Monteagudo, e integrantes del Consejo Ciudadano, denunció que el objetivo es frenar la transición e impedir el avance de los derechos humanos.
Ese escenario, alertó, implicaría un grave problema no sólo de gobernanza, sino también de seguridad.
A juicio de Peimbert Calvo, descarrilar la democracia oaxaqueña pone en riesgo la estabilidad del país.
Asimismo, ante los titulares de los Poderes Legislativo y Judicial, Jesús López Rodríguez y Alfredo Lagunas Rivera, respectivamente, el Ombudsman señaló que durante el segundo año de trabajo de la Defensoría el estado estuvo inmerso en permanente conflictividad social que fue provocada en varios casos y derivaron en violencia, para quebrantar la institucionalidad y violaciones a los derechos humanos.
Cuestionó que los actores políticos, particulares y funcionarios echarán mano de la bandera de derechos humanos como recurso para minar el estado de Derecho, “en un intento de recobrar antiguos fueros e imponer de nuevo a la sociedad el oscurantismo autoritario basado en la persecución, las desapariciones, el encarcelamiento y el asesinato por motivos políticos”.
No obstante, hizo un llamado a las y los funcionarios, organizaciones de la sociedad civil, pueblos y comunidades indígenas a consolidar la alternancia y construir la transición.
Convocó también a toda la ciudadanía para establecer un pacto comunitario por los derechos humanos y asumir a la Defensoría “como un espacio en el que de manera conjunta podemos frenar cualquier intento de regresión”.
En contraparte, no negó las asignaturas pendientes y reconoció que la DDHPO necesita mejorar aceleradamente.
El ombudsman dijo que es necesario actualizar al personal en materia de derechos humanos, hacer funcional la operación de las defensorías especializadas y mejorar la atención a las víctimas, pero esto “será insuperable” -aseveró-, si no hay un aumento significativo de los recursos asignados al funcionamiento de la institución.
Entre los logros de la institución en este segundo año, Arturo Peimbert destacó el hecho de que una instancia jurisdiccional reconsiderara su determinación con base en una perspectiva de derechos humanos sobre el caso de una menor que fue enviada temporalmente a un albergue para preservar su integridad.
Reconoció en ese caso el papel que jugaron los medios de comunicación y la disposición del Poder Judicial del Estado.
En dos años, afirmó, se fortalecieron acciones preventivas para el respeto de los derechos humanos mediante acciones de investigación, educación, promoción y difusión de los derechos de personas privadas de su libertad y con discapacidad.
Asimismo, informó que se creó el Centro Integral para la Prevención, Protección y Promoción de los Derechos Humanos, con lo que se incrementó en 70% el patrimonio edificado por la Defensoría.
Autoridades municipales principales violadores de DH
Peimbert Calvo reportó que las autoridades municipales son las principales violadoras de los derechos humanos, y en segundo lugar se encuentra la Procuraduría de Justicia del Estado, seguida por la Secretaría de Seguridad Pública, el IEEPO, el Tribunal Superior de Justicia del Estado y la Secretaría de Salud, que sumaron entre todas dos mil 571 expedientes de queja.
Durante 2013 al 2014, se iniciaron dos mil 928 expedientes de queja que, junto con los que ya estaban en trámite y anteriores, suman un total de 3 mil 948 presentadas por hombres, mujeres, personas menores de edad, organizaciones de la sociedad civil, colectivos y grupos sociales.
De esos se concluyeron 2 mil 637 y mil 311 continúan en trámite.
El Ombudsman comentó que se emitieron 8 alertas tempranas en aspectos relacionados con la salud por carencias en la red obstétrica, por daños a la educación debido al retraso del inicio del ciclo escolar 2013-2014, conflictos poselectorales, agresiones a periodistas, por el riesgo de lesionar el derecho de la sociedad a estar informada y por conflictos territoriales y agrarios.
Se dictó 575 medidas cautelares para proteger los derechos de personas o colectividades que estuvieron en situación de riesgo inminente de violaciones graves a los derechos humanos o de daños irremediables derivados.
La mayoría de las solicitudes de medidas cautelares, señaló, fueron dirigidas a ayuntamientos, a la Procuraduría General de Justicia, la Secretaría de Seguridad Pública y al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca.
Las principales solicitudes fueron en el sentido de poner en libertad a personas detenidas ilegalmente, evitar amenazas para la seguridad de las personas, evitar cometer acciones sin mandato judicial o de autoridad competente, salvaguardar derechos de personas en situación de reclusión y continuar con la prestación de servicios públicos, como el de agua potable.
Peimbert Calvo destacó que durante este periodo se formularon 182 propuestas de conciliación de 212 expedientes, de los cuales 165 fueron aceptadas por las instancias señaladas, se cumplieron totalmente 75 acuerdos y siguen pendientes 107 más.
Asimismo, refirió, durante este periodo se emitieron 15 Recomendaciones a autoridades municipales de la Ciudad de Oaxaca, San Juan Azolotepec, Santiago Amoltepec, Tlaxiaco y Reyes Etla, así como al IEEPO, Junta de Arbitraje para empleados al servicio de los Poderes del Estado, Procuraduría General de Justicia del Estado, Secretario de Seguridad Pública, Secretario de Asuntos Indígenas y Secretario de Salud.
Respecto a los proyectos de explotación minera, instalación de proyectos de generación de energía eólica y construcción de la presa Paso de la Reina, en diferentes regiones del estado, se ha registrado casos de inconformidad, enfrentamientos y denuncias sobre la falta de consulta o la realización de consultas amañadas, además de suscitarse agresiones y amenazas contra defensores y defensoras civiles y comunitarios de derechos humanos.
En su informe, el Defensor destacó también que el organismo a su cargo realizó dos diagnósticos: uno sobre la situación que guardan los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, y el segundo sobre el ejercicio de los derechos de comunicadores y comunicadoras en el estado, que será dado a conocer en breve.
