Sergio Castro Bibriesca / @SergioBibriesca
(4 de septiembre, 2014).- No obstante que el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre tortura, Juan Méndez, en mayo pasado, calificó el fenómeno de la tortura como “endémico”, pues es una “práctica que está generalizada entre las instituciones de seguridad de México”, en el Segundo Informe de Peña Nieto el tema fue omitido, tan es así, que el término “tortura” aparece sólo en cinco ocasiones –de 574 páginas que contiene el Informe–, de las cuales tres se encuentran en el apartado “México con responsabilidad global” y las dos restantes se encuentran en el apartado que habla de Derechos Humanos.
En noviembre del 2012, el Comité Contra la Tortura (CAT, por sus siglas en inglés) de la ONU, emitió 72 recomendaciones –al Estado mexicano– formuladas por integrantes de organizaciones internacionales de Derechos Humanos que visitaron el país. Después de seis meses de esas recomendaciones, Andrea Meraz, representante de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), mencionó que el gobierno mexicano no había cumplido con ninguna de las 72 observaciones.
Durante la visita del relator de la ONU, que fue de casi dos semanas, mencionó que tenía que decir al gobierno de México, pero también a la sociedad mexicana, “que hay una especie de endemia de la tortura que hay que corregir”. En el Segundo Informe, las menciones que se hacen al respecto de la tortura son sobre el informe presentado ante el CAT por esas 72 recomendaciones; y las otras dos alusiones a la tortura hablan de dos acciones que realizó el Estado mexicano y que eran sentencias que dictaminó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).
Para Lucía Chávez, quien es Directora del área de investigación de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH), el Informe “está a modo” y añade que “no se contempla el delito de tortura, de manera que se pueda definir que existe un interés en el tema por parte del Gobierno Federal, no obstante que la tortura constituye un delito de Estado”.
En el Informe se habla de la respuesta del Estado relacionada con las recomendaciones del CAT; “es de resaltase que lo informado no es suficiente para dar por cumplidas las recomendaciones, ya que, por ejemplo, no se ha reformado la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, a fin de adecuar el tipo penal con lo que establece el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, indica Chávez.
El fenómeno de tortura por parte de las instituciones encargadas de seguridad en México no es un tema nuevo; fue durante el sexenio de Felipe Calderón, cuando esta práctica se incrementó casi en un 600 por ciento. Amnistía Internacional (AI) documentó en su Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en el mundo en 2013 que “miembros del Ejército, la Marina y la policía municipal, estatal y federal fueron responsables de violaciones de derechos humanos graves y generalizadas cometidas en el contexto de la lucha contra la delincuencia y acciones realizadas en connivencia con bandas delictivas”.
Asimismo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recibió –en 2011– mil 669 informes de tortura y malos tratos a manos de la policía y las fuerzas de seguridad federales, lo que es un considerable aumento con respecto a los 564 de 2008.
En su visita, el relator de la ONU concluyó que los actos de tortura ocurren –en su mayoría– en el momento entre que una persona es detenida y es entregada a la justicia, es decir, en los traslados.
