(10 de septiembre, 2014).- El gobierno de Israel ha demostrado con sus ataques a Gaza el nulo respeto que mantiene para con los derechos humanos, aunque ésta no es la única expresión de su intolerancia cultural, pues desde 2012, han obligado a aproximadamente 7 mil ciudadanos de Eritrea y Sudán para que vuelvan a sus países por considerarlos una amenaza.
Por medio del informe “‘Hacerles la vida miserable’: Israel coacciona a solicitantes de asilo de Eritrea y Sudán para que abandonen el país”, la organización internacional Human Rights Watch (HRW) denunció la situación vivida por los habitantes de ambos países, quienes al volver a su lugar de origen son objeto de detenciones torturas, torturas e incluso se les acusa de traición a la patria por haber ingresado a Israel.
Para evitar que sudaneses y eritreos permanezcan en su país, las autoridades israelís recurren a un cansado proceso burocrático para las solicitudes de asilo, que únicamente buscan el resguardo de la ley conforme a las leyes locales y el derecho internacional.
Las autoridades por su parte, insisten en tildarlos de peligrosos e “infiltrados”, y recurren a las detenciones ilegales que sumadas a su complicado estatus migratorio, son el pretexto perfecto utilizado por Israel para forzar su salida.
Gerry Simpson, investigador sénior de HRW para temas de refugiados y autor del informe, calificó de abusivas las medidas de Israel, pues desde su perspectiva aniquilan la esperanza en las personas de encontrar seguridad al acorralarlas. Sus únicas opciones, según explica, son vivir con el temor constante de que en cualquier momento irán a parar a centro de detención ubicados en el desierto, volver a su país a sufrir abusos o ser detenidos arbitrariamente.
Aproximadamente en 2006, fue que los ciudadanos de ambas naciones –vecinas al noroeste de África— comenzaron a atravesar la península del Sinaí en Egipto para llegar a territorio israelí y dejar atrás los abusos a sus derechos humanos que vivían. Pendientes de la situación, las autoridades de Israel bloquearon su frontera egipcia en diciembre de 2012, pero ya era muy tarde porque cera de 14 mil sudaneses y 37 mil eritreos se encontraban dentro.
Con el propósito de revertir la situación, las autoridades de Oriente Próximo iniciaron la aplicación de medidas restrictivas para “hacerles la vida miserable”, tal como declaró el exministro del Interior israelita Israel Eli Yishai, e “instar a los ilegales a que se vayan”, como declaró su sucesor Gideon Sa’ar, declaraciones que irremediablemente expusieron la intransigencia de su gobierno.
Entre las medidas dispuestas, se incluye la detención indefinida; impedir el acceso al sistema de asilo local; rechazar el 99.9 por ciento de las solicitudes de asilo; restricciones para recibir atención médica y políticas que impiden hallar un trabajo.
De acuerdo con HRW, desde junio de 2012 a la fecha miles de ciudadanos eritreos y sudaneses fueron arrestados indefinidamente en su intento por entrar a Israel, cuando ni siquiera habían pisado un cruce fronterizo oficial.
Posteriormente, la Corte Supresa israelita determinó la ilegalidad de dichas detenciones, aunque eso no fue impedimento para el gobierno de aquel país, pues tras unos ajustes políticos en materia de detención y enviaron a los migrantes de ambos países al llamado “Centro Residencial” de Holot, que se encuentra en los rincones del desierto de Nagev, con condiciones de vida similares a las de un régimen de detención y que a todas luces transgrede las normas internacionales sobre detenciones arbitrarias.
Para agosto del presente año, aproximadamente 2 mil sudaneses y eritreos se encontraban confinados en el centro de Holot, incluidos más de mil solicitantes de asilo, al tiempo que otros mil fueron canalizados al centro de detención de Saharonim. A su vez, los otros 41 mil migrantes están repartidos en distintas ciudades israelís donde viven con el miedo de ser detenidos.
