(15 de septiembre, 2014).- Defensora de su comunidad, de su gente y sus raíces, apenas había abandonado la adolescencia cuando la pobreza extrema y la desigualdad social la expulsaron de su tierra, Olinalá, ubicada en la región Costa-Montaña de Guerrero. Así como millones de mexicanas y centroamericanas, Nestora Salgado partió hacia Estados Unidos, donde obtuvo la ciudadanía.
A su regreso en 2012 se integró a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), para hacer frente al crimen organizado que para entonces azolaba la región. Los robos de ganado, los secuestros, las violaciones sexuales a las mujeres y los asesinatos deterioraban precipitadamente el tejido social de la comunidad de Olinalá.
Hoy Nestora Salgado, madre de tres hijas, tiene más de un año tras las rejas por atreverse a alzar la voz y señalar los vínculos entre funcionarios –y el mismo presidente municipal de Olinalá– con el crimen organizado. Fue detenida en medio de un fuerte operativo policial, recluida en una celda de aislamiento, acompañada con una luz artificial encendida 24 horas por siete, según narra su hija Saira.
Para entender el contexto en el que transcurre la vida de esta activista social es necesario echar atrás en la historia y retomar algunas escenas que desembocan en el momento actual de la Sierra de Guerrero.
La región Costa-Montaña en Guerrero albergó durante los años 60 y 70 diversos movimientos sociales que demandaban igualdad, seguridad, justicia. Campesinos, profesores normalistas y estudiantes formaron guerrillas rurales que se opusieron a la represión por parte de los gobiernos de la entidad y a la discriminación hacia las y los indígenas.
De la Sierra de Guerrero es originario Genaro Vázquez Rojas, nacido en San Luis Acatlán, en 1931, maestro egresado de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Tixtla, Guerrero, quien denunció el despojo de tierra a los campesinos, los fraudes electorales, la ausencia de garantías constitucionales para las comunidades indígenas y mestizas, etcétera.
Fue parte de la Central Campesina Independiente y de la Asociación Cívica Guerrerense ACG, detenido en numerosas ocasiones, la última en 1966. Un año después la ACG se reestructura para transformarse en un grupo político armado, en la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR). En 1968 Vázquez Rojas se fugó de la prisión y empezó a orquestar diferentes acciones guerrilleras.
En ese entonces tuvo lugar la llamada Guerra Sucia, también conocida como guerra de baja intensidad, misma que arrojó un número todavía desconocido de muertos y desaparecidos desde la década de 1960 hasta 1980. Esa práctica de terrorismo de Estado abarcó los gobiernos de Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría y José López Portillo.
El objetivo de la Guerra Sucia fue desarticular los movimientos sociales que se oponían al régimen, los archivos oficiales referentes a la misma, quedaron congelados por décadas hasta que en el sexenio de Vicente Fox se creó la Fiscalía Especial para los Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP), sin que hasta el momento se hayan señalado responsables de los crímenes de Estado cometidos en esa época.
En la misma década tuvo lugar el movimiento estudiantil de 1968 y, apenas tres años después, la Masacre del Jueves de Corpus (El Halconazo). Mientras eso ocurría en la Ciudad de México en el estado de Guerrero, Lucio Cabañas era perseguido por liderar el grupo armado “Partido de los Pobres”.
Para la década de los 90 las bases sociales indígenas lograron recuperar su participación en el escenario político estatal con la conformación del Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena, Negra y Popular (CG500-años), el cual trascendió a nivel nacional e internacional.
Luego de que durante la década de 1980 se invisibilizó a las comunidades a través de la intervención de actores del gobierno en la organización de los pueblos, además de que los comicios electorales tenían como componente la persecución de los opositores al régimen priista.
En 1991 surgió el CG500-años. Su propósito de origen fue crear Consejos Indígenas en varios estados de la República –asimismo respaldó al Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) que se dio a conocer mediáticamente en enero de 1994-.
En 1992 en la Parroquia de Santa Cruz El Rincón, municipio de Malinaltepec, tuvo lugar el primer encuentro de pueblos indígenas de la Costa-Montaña, que logra reunir a comisarios de bienes comunales y ejidales, catequistas, comisarios municipales entre otros actores sociales.
En este momento empieza el proceso de constitución de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) que en un inicio se llamó Coordinadora Revolucionaria de Asociaciones Indígenas (CRAI), con el propósito de organizar a los pueblos de la región, enfrentar la inseguridad y gestionar obras públicas, ante la ausencia de Estado y la presencia del narco.
En 1995, la CRAC-PC en San Luis Acatlán agrupó a productores de café, maíz, jamaica que empezaron a organizarse. En ese mismo año, en la Región Costa Grande, la policía de Guerrero, bajo las órdenes del entonces gobernador, Rubén Figueroa Alcocer, consumó la Masacre de Aguas Blancas en el municipio de Coyuca de Benítez que cobró la vida de 17 campesinos quienes se dirigían a un mitin político de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS).
A casi tres años de gobierno, el priista Figueroa Alcocer fue obligado a dejar la gubernatura, por este hecho. Ángel Aguirre Rivero fue designado gobernador sustituto de 1996 a 1999. En 2011, Aguirre Rivero retoma la gubernatura de la entidad, esta vez por el Partido de la Revolución Democrática (PRD).
En su primer periodo como gobernador, Ángel Aguirre reconoció a las CRAC-PC y con ello además les proporcionó una decena de escopetas y una camioneta, para que ejercieran su propia seguridad bajo el respaldo de la ley 701 (de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero), así es como la Policía Comunitaria empezó a detener delincuentes para presentarlos ante los Ministerios Públicos.
Toda vez que las personas que delinquían eran liberadas –dinero de por medio– por las autoridades municipales y estatales, la CRAC-PC empezó a delinear un sistema de justicia y de seguridad con base en las estructuras organizativas y las culturas de los pueblos indígenas Me’phaa, Ñuu Savi, Ñancue Ñomndaa y Náhuatl, incluidos los afromestizos y mestizos.
Entonces se planteó la reconstrucción del tejido social, así como la reinserción a la comunidad de las personas infractoras. En 1997 organizaron el territorio y crearon las cuatro casas de justicia: San Luis Acatlán, Espino Blanco, Zitlaltepec y El Paraíso (la quinta, Cochoapa, actualmente en conflicto de legitimidad).
A la par crearon la Asamblea como máximo órgano del sistema de justicia, el cual comprende tres divisiones: seguridad, justicia y reeducación. Cada casa de justicia cuenta con cuatro coordinadores que son los encargados de la justicia; cuatro comandantes regionales quienes ejercen la seguridad y los pueblos son los que acompañan el proceso de reeducación de personas que delinquen, que, sin pisar la cárcel, realizan trabajo comunitario, si así lo ameritan se les entregan cartas de buena conducta con las que pueden acelerar su reinserción en la sociedad.
En este proceso se instalan radios comunitarias para acompañar las organizaciones política y social. Las cuales fungen como una herramienta de información incluso para poner sobre la mesa temas que requieren atención como la participación de las mujeres en el interior de las comunidades.
Las mujeres en la montaña de Guerrero han señalado su situación y participación en el interior de sus familias como en la comunidad. Con base en la ley revolucionaria de las mujeres zapatistas, algunas de ellas promueven vías hacia el reconocimiento y el respeto de sus derechos humanos.
Ellas aceptan que es un camino largo el que deben recorrer para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres, siendo que los cargos de la Asamblea, tanto en la coordinación como en las comandancias corresponden en su gran mayoría a los hombres; con algunas excepciones, como Nestora Salgado, un caso paradigmático, que no sólo que cuestiona al Estado machista, sino también a su organización.
La abogada, Felícitas Martínez Solano, quien fuera la primera mujer en ocupar el cargo de Coordinadora Regional (en 2005), afirma que hacerse escuchar en lugar en el que históricamente se ha acallado a las mujeres implica arrojo y resolución para alzar la voz.
“Porque de verdad que nos ha costado a la mujeres entrar en este proceso de lucha, no es sencillo también estar en un espacio de hombres en la organización, porque el que te tiene que legitimar es la asamblea regional, y la grandes voces son de los hombres y las mujeres somos muy pocas las que hablamos, las que opinamos también”, señala Felicitas Martínez, actualmente consejera de la CRAC, un tema que se abordará con mayor detenimiento en una siguiente entrega.
La igualdad entre hombres y mujeres y el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres no es el único reto de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria. En 2010, el gobierno Federal otorgó tres concesiones mineras: Corazón de Tinieblas a la transnacional inglesa Holdschild Mining; La Diana y San Javier, perteneciente a la canadiense CamSim, y La Faraona Goliat de la mexicana Grupo Goliat, proyectos con miras a explotar oro, plata y cobre principalmente.
En marzo de 2011, la CRAC convocó a medios alternativos y radios comunitarias para acompañar la campaña “A corazón abierto defendamos la Madre Tierra en contra de la minería”. Desde entonces, el rechazo de las comunidades a los megaproyectos, ha generado mayor tensión entre los gobiernos municipal y estatal con la CRAC.
La antropóloga y activista de la región, Edith Na Savi, en un artículo publicado en julio de 2013, explica la oposición de los comunitarios a dichos megaproyectos, pero además denuncia las presiones del gobierno para desestabilizar su organización a favor de los intereses de las empresas mineras.
Entre las que se encuentran “el aumento de la presencia de la delincuencia organizada, así como las detenciones hechas a policías, comandantes y coordinadores de la CRAC”, además de que los pueblos originarios, afromestizos y mestizos que conforman la Coordinadora se enfrentan al “peligro latente de incorporar a la CRAC al Mando Único, propuesta enviada por el gobernador Ángel Aguirre al Congreso”, apuntala Edith Na Savi.
Aunado a ello, las tensiones entre la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y la CRAC-PC se han agudizado. En su surgimiento, los líderes de la UPOEG anunciaron a este organismo como parte de la CRAC, sin embargo la Coordinadora lo desconoció. En junio del año pasado, la misma CRAC anunció la “expulsión” de los hermanos Bruno y Cirino Plácido Valerio, dirigentes de la UPOEG, por intentar dividir a la Coordinadora, mediante la promoción de un sistema de seguridad ciudadano con tintes políticos que vulnera la autonomía de los pueblos indígenas.
Asimismo, uno de los líderes de la CRAC-PC, Eliseo Villar, un día antes de la detención de Nestora (ocurrida el 21 de agosto de 2013), firmó con el gobierno de Ángel Aguirre la credencialización de más de 900 integrantes de la casa de Justicia de San Luis Acatlán, supuestamente, con miras a conformar una policía rural. Cuando la Asamblea había rechazado formar parte del Mando Único o conformar la Policía Rural, iniciativas del gobernador.
Eliseo Villar responsabilizó a sus compañeros Nestora Salgado y Bernardino García de la casa de Justicia El Paraíso, “se ganaron” ser detenidos por la fuerza armada y la policía estatal, afirmó en un evento al que asistió el gobernador Ángel Aguirre en ese año; por estas razones así como por su presunta connivencia con los megaproyectos mineros, son por las que la Asamblea lo deslinda de su cargo como coordinador.
Sumado a ello, entre los días 13 y 16 de septiembre de 2013 el fenómeno meteorológico, ocasionado por la tormenta Manuel y el Huracán Ingrid, dejó cuatro personas en la comunidad Ñuu savi y 28 casas fueron afectadas, los recursos federales destinados para este desastre natural nunca llegaron.
Un año después la gente realiza una recolecta para la reconstrucción de 18 casas, que fueron dañadas en su totalidad. Asimismo, activistas de la región han señalado las condiciones impuestas a las madres indígenas, principalmente, para acceder a los programas federales Oportunidades y Cruzada contra el Hambre.
En este escenario transcurre la historia de Nestora Salgado presa en un reclusorio de alta seguridad en Nayarit, en espera de ser trasladada a un penal del Distrito Federal, como lo exige el Comité de Mujeres #NestoraLibre, encabezado por académicas, feministas, activistas, escritoras, toda vez que fue exonerada por un juez federal de los cargos de secuestro y delincuencia organizada.
Megaproyectos mineros, contrainsurgencia, cooptación de líderes, además de ser la organización con más presos en el estado de Guerrero –12 en total, siendo la única mujer Nestora Salgado– es el panorama que enfrenta la CRAC próxima a celebrar su 19 aniversario.
