La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó de manera unánime proponer al Consejo General la creación de cuatro nuevos partidos políticos nacionales. Tras concluir que cumplieron con los requisitos legales básicos, las organizaciones seleccionadas podrán participar en las próximas elecciones federales de 2027 y recibirán, en conjunto, una bolsa de 84 millones de pesos para lo que resta de este año.
Las agrupaciones que recibieron luz verde para obtener su registro oficial son Construyendo Sociedades de Paz, que se denominará PAZ; México Tiene Vida, que mantendrá su nombre; Personas Sumando 2025, que se registrará como Somos México; y Que Siga la Democracia, que tampoco cambiará su denominación.
Para lograr la postulación, la Comisión determinó que las cuatro organizaciones superaron los mínimos de ley vigentes, consistentes en realizar al menos 200 asambleas distritales con un quórum mínimo de 300 simpatizantes en cada una, así como registrar un padrón de al menos 256 mil 30 ciudadanos afiliados.
Filtro de los requisitos y el contraste en los registros
El comportamiento de los registros arrojó notables contrastes entre los aspirantes, pues mientras Construyendo Sociedades de Paz logró el mayor número de asambleas con 275 válidas y 224 mil 920 afiliaciones, Que Siga la Democracia registró el padrón de afiliados más robusto con 302 mil 891 ciudadanos en 208 asambleas.
Por su parte, México Tiene Vida cerró con 233 asambleas y 295 mil 324 miembros, en tanto que Personas Sumando 2025 alcanzó los números más bajos con 205 asambleas y 294 mil 141 afiliaciones, pero con la distinción de ser la única agrupación que no recibió observaciones por trampas o anomalías en sus registros.
De confirmarse el dictamen, las agrupaciones tendrán como fecha límite el 31 de agosto para modificar sus documentos básicos, el 14 de septiembre para reportar la integración de sus órganos directivos y deberán registrar de inmediato sus cuentas bancarias para comenzar a recibir financiamiento público. A pesar del dictamen favorable, la aprobación no estuvo exenta de polémica.
Escándalos bajo la lupa: ministros de culto e intento de soborno
En el caso específico de México Tiene Vida, el expediente detalla severas irregularidades que incluyen la presunta intervención ilícita de ministros de culto y un intento de soborno a una funcionaria del Instituto Nacional Electoral con el objetivo de validar una asamblea que se había quedado sin el quórum legal. No obstante, la Comisión resolvió que en este momento tales acciones no resultan determinantes en tanto no se resuelvan los procedimientos oficiosos, por lo que el registro sigue adelante mientras concluyen las investigaciones.
De ser ratificada la propuesta por el Consejo General, el sistema político mexicano pasará a contar con 10 partidos políticos nacionales. Esto obligará a la autoridad electoral a aplicar un fuerte ajuste a la bolsa presupuestal restante a partir del 1 de julio, restando un total de 294.72 millones de pesos a las fuerzas actuales para distribuirlos equitativamente entre las cuatro nuevas organizaciones. Bajo este nuevo esquema de redistribución de gasto ordinario, cada partido debutante recibirá 73.68 millones de pesos, lo que obligará al resto de las fuerzas políticas a reducir sus presupuestos.
De esta manera, Morena bajará a mil 203.3 millones de pesos, el Partido Acción Nacional (PAN) recibirá 597 millones de pesos, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) se ajustará a 451.9 millones de pesos, Movimiento Ciudadano (MC) contará con 445.9 millones de pesos, el Partido Verde Ecologista de México tendrá 382.8 millones de pesos y el Partido del Trabajo (PT) quedará con 308.5 millones de pesos.
Adicionalmente, se repartirán de forma igualitaria 3.32 millones de pesos para actividades específicas, 7.3 millones de pesos para franquicia postal y 34 mil 674 pesos para servicios de telegrafía por cada una de las diez fuerzas políticas que integrarán el mapa electoral. El proyecto será sometido a debate definitivo en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
La discusión contará con un elemento de última hora, ya que la Unidad de Inteligencia Financiera envió reportes con información reservada a las consejerías, sin que hasta el momento se conozca si existen datos graves de lavado de dinero o financiamiento ilícito que pudieran frenar el avance de alguna de las organizaciones hacia la boleta electoral. En última instancia, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tendrá la palabra final ante las impugnaciones que se presenten.
