(15 de septiembre, 2014).- Las muertes de mujeres relacionadas con el parto, se han vuelto un problema casi sistémico en México que continúa su escalada ante las pocas acciones del gobierno. El caso de Susana, una mujer indígena de Chiapas, fallecida en octubre de 2013 a las pocas horas de dar a luz, puso en evidencia todas las falencias del sistema médico y su poca capacidad de reacción para con estas situaciones.
De 26 años y proveniente de una etnia tzotzil, Susana de 26 años ingresó el viernes 4 de octubre de 2013 a una clínica chiapaneca del Seguro Popular, pues ya presentaba dolores de parto, producto de las 39 semanas de su embarazo. No obstante, pasó más de 24 horas sin recibir atención por parte de los galenos.
A las pocas horas de haber traído al mundo a su pequeña hija, -la cual fue entregada a sus familiares sin limpiar- Susana murió el 6 de octubre, según la versión de los médicos, ya que su cuerpo no resistió la cesárea, ligadura de trompas y la extracción de vesícula que le practicaron. Ninguna de éstas le fueron notificadas a su esposo Romeo Pérez, e incluso fueron autorizadas con la huella dactilar de la paciente a pesar de que ella sabía leer y escribir.
Las notables inconsistencias en el caso, así como las flagrantes violaciones a los derechos humanos en el caso de Susana, provocaron que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para exigir al gobierno de Chiapas, a cargo de Manuel Velasco del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), la reparación del daño causado, al igual que la reparación integral de Hospital de la Mujer donde ocurrió el deceso.
Ésta última exigencia, se debe a que el nosocomio en cuestión sólo cuenta con 10 camillas para cubrir las necesidades médicas de aproximadamente 100 mujeres embarazadas diariamente, que ni sumadas a los 8 espacios del área de recuperación y las 17 tendidas en el piso se pueden dar abasto.
Tan pésimas son las condiciones del centro médico, que la organización civil Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), representante en el caso, denunció el hecho de que con esas condiciones se “brinde” atención médica a las más de 204 mil 658 mujeres mayores de 12 años que integran los 18 municipios, en la región de los Altos de Chiapas, pues eso provoca la multiplicación de las llamadas muertes maternales.
Únicamente en 2014, se han registrado 48 muertes de mujeres en el estado sureño, ya sea en el embarazo, la cuarentena o los días posteriores, que colocan a Chiapas como la segunda entidad que más decesos de este tipo registra, por cada 100 mil nacimientos.
Regina Tamés, directora del GIRE es clara en sus declaraciones y no duda en afirmar que Susana perdió la vida debido a una mala atención médica, misma conclusión a la que llegó la CNDH. No obstante, a pesar de destacar algunos enunciados del informe que emitió por la Comisión, la funcionaria de GIRE tildó de mediocre su contenido.
Para Tamés, el texto es el mismo que emiten cada que ocurre una muerte materna, y por lo contrario debería estar dirigido a la familia en cuestión. Como en este caso, que los familiares de Susana exigen salud y educación para sus hijos, una disculpa pública, y medidas para evitar futuros casos como el de Susana, peticiones que se ignoran en el documento de la CNDH.
Datos del Observatorio de Mortalidad Materna en México, indican que en 2012 se presentaron 960 decesos, 68 de ellos en el estado fronterizo. Cifra que fue cambiando desde 2008 cuando presentó una tasa de mortalidad por cada 100 mil habitantes de 57.2; en 2009 fue de 62.2; en 2010 de 51.5 y para 2011 de 50. 7. Concretamente, el informe Omisión e Indiferencia indica que de 1990 a 2011 fueron en total 28 mil 42 casos de muertes maternales.
Con estas cifras, lejos parece la posibilidad de que México cumpla uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que precisamente era reducir para 2015 en un 75 por ciento los números de mortalidad por problemas durante el embarazo, el aborto o parto. Toda vez que para 2012 sólo se registraba una reducción del 52.3 por ciento respecto a 1990.
