Paul Alcántar* / @paulalcantar
(23 de septiembre, 2014).- Delicada y preocupante resulta la propuesta que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) pretende seriamente al buscar reducir el número de diputados federales y senadores plurinominales. Esta decisión está basada, según trascendió, en las promesas que el entonces candidato presidencial, Enrique Peña Nieto, realizó en campaña supuestamente para buscar una mejor dinámica en el Congreso y reducir gastos que bien podrían canalizarse a otros rubros.
Lo delicado es que este tipo de razones no buscan precisamente perfeccionar los trabajos legislativos o quitar excesos presupuestarios, sino que son una clara ofensiva a la representación que los demás partidos, nos gusten o no, mantienen en las dos Cámaras. Lo peor es que se busca la conciliación ciudadana utilizando la figura de la consulta popular para someterlo a un mandato, lo que resulta doblemente terrible.
El PRI sugiere reducir la figura representativa de los partidos en el poder legislativo a través de una consulta popular bajo el amparo constitucional, cuando sabemos que la percepción ciudadana sobre la clase política es reprobatoria por la profunda brecha que existe entre ciudadanos y partidos en general.
Después de la alternancia democrática en el año 2000, los partidos políticos asumieron un rol conveniente al apropiarse de los espacios que el PRI había regateado cuando éste fue gobierno, asumiendo que las reglas democráticas estarían inalteradas y que contarían con un fuerte respaldo de la sociedad mexicana. Los resultados ya los sabemos: una partidocracia cada vez más alejada de la gente con incentivos clientelares profundos que todo actor político, sea del partido que sea, sacó y sigue sacando raja para avanzar electoralmente.
Pero después de dos sexenios panistas y a casi la mitad del sexenio del retorno del PRI a Los Pinos, y con una creciente impopularidad hacia los políticos, se apuesta una jugada astuta que busca legitimar el aplaste de la representatividad de las expresiones políticas en los partidos, a través de los diputados y senadores.
César Camacho, presidente nacional priista, ha dicho que esta iniciativa, de ser aprobada, reduciría la burocracia legislativa eliminando a 100 diputados plurinominales y a 36 senadores para dar pie a una mejor funcionalidad en las cámaras y al ahorro presupuestario.
En pocas palabras, que la reducción de los plurinominales será más conveniente para agilizar negociaciones con menos dinero. Se lee interesante, pero van las preguntas: ¿qué acaso los políticos no están precisamente para el arte de la negociación? ¿Qué acaso todo lo que proponga del presidente en turno se debe aprobar sin discusión previa? ¿De verdad se piensa que toda acción pública o de implementación de política pública recae también en el trabajo legislativo? ¿Cuándo le ha importado al PRI el ahorro presupuestario mientras ellos se han opuesto a reducir, por ejemplo, las millonarias reparticiones a los partidos?
El PRI ha lanzado un mensaje sobre la eficacia de los congresistas con una doble intención: recalcar que nuestra clase política es disfuncional, cara y deficiente; y a la vez, garantizar una permanencia del partido en el poder legislativo. En lo primero, ¿quiénes no estamos de acuerdo con eso? Hay una amplia mayoría que piensa –pensamos- que los políticos, en especial los diputados y senadores plurinominales, están por intereses particulares y que representan al partido que logró colocarlos en el escaño. Pero también es peligroso coincidir con los argumentos pobres que el priismo ha querido justificar como panacea de las libertades.
No es verdad que la reducción de los plurinominales agracie la dinámica de la vida pública, porque el partido hoy en el poder cuenta con una mayor estructura electoral que le facilita ganar más espacios a diferencia de sus rivales. Toda la base corporativista clientelar con la que el tricolor aún cuenta, además de las dinámicas ‘caciquiles’ que muchos de sus gobernadores mantienen en sus estados, fomenta un desequilibrio serio en las contiendas electorales que marginaría seriamente a los otros partidos al distribuirse, entre 100 y no 200 curules, la representatividad parlamentaria.
Soledad Loaeza y José Woldenberg han puntualizado muy bien el retroceso que significaría que una iniciativa así permeara. Legitimar una estrategia meramente política, llevándola al sometimiento clientelar (el PRI ya mueve a sus bases para votar por el sí a la eliminación de los 100 plurinominales) significaría una estocada muy seria a la ya difícil construcción democrática de este país.
Quedará después en el ánimo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revertir o ratificar esta iniciativa populista con tinte autoritario. Se sabrá en su momento.
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*Analista político.
