Joanna Rubio / @joannarubioa
(26 de septiembre, 2014).- Tras concluir la cuarta jordana de las cinco que se realizarán en torno al debate sobre la legalización de la marihuana, iniciativa presentada por los diputados perredistas Edgar Enrique Velázquez González y Celia Fausto Lizaola, los jaliscienses demostraron su tolerancia frente al uso de la marihuana con fines medicinales.
Las jornadas consistieron en la instalación de 52 urnas electrónicas para que los ciudadanos jaliscienses emitieran su voto, en las que se les preguntó si estaban de acuerdo que en Jalisco las personas que padecen una enfermedad terminal o crónico-degenerativa puedan tener hasta cinco plantas de marihuana en su hogar o 150 gramos de la planta en caso de que un médico lo crea necesario y sin ser molestados por la autoridad. De los 11 mil 554 tapatíos que participaron seis mil 970 votaron por el sí, y cuatro mil 584 que no.
Frente a la segunda pregunta realizada, “¿está de acuerdo que en Jalisco se aumente esta cantidad a 30 gramos?” 4 mil 572 jaliscienses están a favor a un aumento del 15 % a la cantidad permitida de portación de marihuana para usos recreativos, mientras que seis mil 980 votaron por el no.
El debate sobre la legalización de la marihuana es inevitable ya que es de vital importancia la restructuración de las políticas de seguridad y salud pública, como se ha mencionado en artículos anteriores, el prohibicionismo es un rotundo fracaso, de seguir por este camino los costos al Estado y las víctimas seguirán en aumento.
Podemos notar que la política de persecución a los usuarios de drogas ilegales y su combate, no han reducido ni contenido el narcotráfico, por el contrario, la escalada de violencia en todo el país ha dejado una huella tan profunda que ha construido un nuevo escenario social de interiorización de la violencia como forma de vida. Más de 100 mil muertos, víctimas de las luchas contra el narcotráfico es una cifra no solo irresponsable sino que desnuda al prohibicionismo como un política fracasada, asesina y sin un horizonte esperanzador que nos haga pensar en el decrecimiento de las cifras.
El impacto de la violencia en la sociedad es mayor que el impacto generado por los individuos consumidores de estupefacientes. Según datos del Gobierno Federal, de 2006 a 2011, fueron registrados 47,338 asesinatos relacionados con el narcotráfico y en el mismo periodo de tiempo el número de muertes relacionadas al consumo de drogas ilegales fue de 2000 decesos, mientras que las defunciones atribuidas al Cannabis en los últimos 6 años no excede la cifra de 40 personas.
Además, el consumo de sustancias ilegales ha aumentado de 1.7 % en 2002, a 2.6 % para 2011, tomando como referencia los datos arrojados por la Encuesta Nacional de Adicciones, con estas tendencias se insinúa que la cifra continuará en auge. Otro punto relevante es la edad de los mayores consumidores en México, que oscila entre los 18 y 34 años de edad.
Debido a esto, la tendencia hacia la tolerancia con respecto a la marihuana ha aumentado y esto no solo se demuestra con las recientes jornadas en Jalisco. Además, el Centro para el Pueblo y la Prensa Pew Research dio a conocer, con base en su investigación Marihuana in America: Shifting Attitudes, Events and Laws, que el aumento en la tolerancia al uso de la planta en Estados Unidos se ha incrementado considerablemente desde principios del 2000 y la tendencia no ha cambiado.
Esto nos muestra a una nueva generación de votantes que piden menos política punitiva a cambio de un Estado que cumpla con sus funciones antes de castigar.
Ateniéndonos a los hechos, siendo responsables más que ideológicos, tenemos que admitir que la prohibición no funciona, han pasado más de 40 años de prohibición y hay más drogas en las calles (y más fáciles de conseguir) que a principios de ésta; los costos para el Estado no solo radican en un desperdicio de fondos para ganar una guerra que siempre será una guerra perdida; el mantenimiento de las cárceles sobrepobladas por delitos menores relacionados únicamente con las posesión de marihuana (en 2011, la cifra de procesados por ese delito fue del 74 % de todos los delitos contra la salud), demuestra que se persigue a los consumidores y no a los narcotraficantes.
Reconozcamos también otro de los beneficios de la legalización, ya es que mucho más sencillo y seguro gestionar una droga si es legal en lugar de continuar con la imposible pretensión de controlarla desde el marco de la ilegalidad, se ha supuesto que el mercado ilegal de la droga a nivel mundial alcanza los 250 mil millones de euros ¿es responsable dejar este rubro exclusivamente al crimen?
De acuerdo a esta realidad, el Estado necesita reestructurar sus políticas que atentan contra la seguridad de sus ciudadanos, es por eso que además de cuestionarnos como sociedad si el costo del combate al narcotráfico es justificable frente a sus pobres avances, también debemos preguntarnos si la prohibición es justificable en sí misma.
Uno de los principales argumentos de los prohibicionistas se centra en la responsabilidad del Estado de proteger la salud, sin embargo, la penalidad del consumo más que proteger la salud violenta un derecho fundamental del individuo: decidir qué hacer con su vida. Este tipo de paternalismo en el Estado sólo se justifica debido a una incompetencia del individuo y por consentimiento del mismo. Por eso debemos preguntarnos ¿es justo castigar a los usuarios y bajo qué motivo?
La despenalización con fines medicinales es el primer gran paso para la siguiente reforma que tanto nos hace falta, cambiar el prejuicio por el conocimiento.
