(26 de septiembre, 2014).- En medio de la incesante campaña del gobierno federal por obviar el tema de la inseguridad, el caso de la masacre en Tlatlaya, Estado de México, aparentemente perpetrada por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) surge como un problema para sus intenciones, toda vez que hace unas semanas, el propio Peña Nieto presumió que en 2014 lo militares no habían recibido alguna recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
A través de un informe, la organización ciudadana Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C. (Cidac), expone el caso de los 22 supuestos criminales abatidos, y cuestiona la forma de leer las implicaciones de este incidente en la labores de seguridad en la administración de Peña Nieto.
Para Cidac resulta alarmante que el asunto, ocurrido el pasado 30 de junio, esté en boga actualmente, a pesar del tiempo transcurrido. De no ser por el testimonio de una sobrevienta, y la atención que le brindaron organizaciones internacionales, el tema seguiría en las sombras, pues la Comisión liderada por Raúl Plascencia se mantuvo callada.
El tema cobró especial notoriedad a raíz de que el gobierno federal recibió la recomendación para indagar el caso, por parte del Departamento de Estados de los Estados Unidos. Pues anteriormente, se quedó hundido en las réplicas de los boletines informativos del gobierno.
Respecto a la Sedena, si bien se ha informado anteriormente que ha capacitado a su personal en el cuidado de los derechos humanos, también es cierto que el caso de Tlatlaya expone la falta de una institución que se encargue de comprobar las versiones oficiales, especialmente de las instituciones de seguridad.
Otra de las instituciones que peor librada ha salido en medio de la polémica, es la CNDH, cuya capacidad para supervisar las funciones del Estado a la hora de cuidar los derechos humanos, ha sido criticada, por ello surge la duda de si la falta de recomendaciones se debe a los descuidos de la comisión a la hora de las pesquisas.
Y es que la posición de la CNDH cobra mayor relevancia, luego de que aprobara la reforma que pretende transformar a la Procuraduría General de la República (PGR) en una Fiscalía de carácter autónomo. La iniciativa se basó en la autonomía cuyo propósito sería despolitizar la procuración.
De vuelta al caso Tlatlaya, el Cidac señala que la principal problemática, no es si el gobierno de Peña Nieto sabe o no atender una crisis mediática, sino que se habla de un Estado de derecho inoperante, en el entendido de que la ejecución extrajudicial ocurrida en territorio mexiquense sólo es posible en países con un pobre Estado de derecho.
En este contexto, la labor de los medios independientes que se acercaron a buscar más detalles fue de suma valía, pues de otra forma ya se hubiese perdido.
