(10 de octubre, 2014).- La matanza y desaparición de estudiantes normalistas de Ayotzinapa, además de generalizar la indignación en todo México por la incesante inseguridad, puso de relieve la complicidad del alcalde de Iguala, Guerrero, José Abarca Velázquez con el crimen organizado, específicamente con la banda criminal de los Guerreros Unidos, así como la metamorfosis que viven los grupos delictivos en el país.
La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Guerrero fue la encargada de informar que un grupo de estudiantes magisteriales habían sido entregados a Guerreros Unidos, escisión del grupo de los Beltrán Leyva (que hace poco sufrió la detención de Héctor, alias “El H”), grupo de conocida influencia en el municipio guerrerense, donde ha instaurado un régimen de terror y violencia.
Paralelamente, las autoridades informaron que la célula de los Beltrán Leyva mantenía un cercano vínculo con Abarca Velázquez, relación que para algunos ha sido utilizada como “chivo expiatorio” para maquillar la forma en que la corrupción se ha apoderado de las dependencias de gobierno.
Sin embargo, reportes de seguridad a cargo del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) indican que los nexos del presidente municipal se extendían gracias a su cuñado, presunto operador de la banda en Iguala, al tiempo que otros dos cuñados trabajaban para los Beltrán Leyva, e incluso su suegra trabajaba directamente para Arturo Beltrán Leyva, “EL Barbas”, abatido por fuerzas federales en 2009.
Al margen de que sea descubierta o no la participación de Guerreros Unidos en el caso Ayotzinapa, es un realidad las escisiones de los grandes cárteles en México han pasado a controlar ciertos mercados, mediante nuevas acciones que les generan ganancias lejos del tráfico de drogas, una tendencia que anteriormente fue vista en los grupos del crimen organizado de Colombia, donde las pequeñas células recurrían a trabajos de sicarios, narcomenudeo, robo, secuestro y extorsión.
Empero, en el caso de los normalistas, no se parecía tan explícitamente de qué forma los criminales pudieran lucrar con su plagio y muerte, por lo que la versión que más toma fuerza, es que fue una acción encargada a ellos por funcionarios locales, en este caso el alcalde de Iguala. E incluso se baraja la posibilidad de que funjan como el brazo armado de las instituciones de gobierno, trabajo que les generaría grandes ingresos para financiarse.
Actualmente, los Guerreros Unidos son vistos más como una banda o pandilla dedicada al plagio y la extorsión, especialmente tras su deslinde de los Beltrán Leyva, tras la muerte de “El Barbas”. En algún momento fue señalada como la organización que más mariguana distribuía a la ciudad estadunidense de Chicago, lógica criminal que cambió con el arresto de su líder Mario Salgado Casarrubia, alias “Sapo Guapo”, por lo que ahora buscan otro tipo de financiamiento.
