Por: Ivonne Acuña Murillo
El año 2014 es caracterizado ya por algunos especialistas como aquel que marca la peor crisis política en lo que va del siglo. Ni el desconocimiento del funcionamiento del sistema político de Vicente Fox, su falta de liderazgo para concluir la transición a la democracia, su co-gobierno con el PRI y la enorme corrupción de su familia política, ni la “guerra” que Calderón declaró al narco y la delincuencia organizada, con todo y sus “efectos colaterales”, más de 80 mil muertos, más de 20 mil desaparecidos y 170 mil personas desplazadas desataron una crisis de esta magnitud.
Muchos son los asuntos que dieron origen a esta crisis y ahora que comienza un nuevo año se mantienen como los pendientes de una administración federal que se ha visto rebasada desde muy diferentes flancos.
Este rebasamiento ha provocado que las tan publicitadas reformas estructurales pasaran a segundo plano y que su lugar haya sido ocupado por escándalos de violencia y corrupción, ante el fracaso de la estrategia gubernamental por cambiar la percepción de la ciudadanía en torno a la inseguridad y la bien ganada fama del PRI en relación a temas de corrupción, misma que fue calificada por Enrique Peña Nieto, de manera poco afortunada, como un “fenómeno cultural”, haciendo a un lado la responsabilidad propiciatoria de su partido y su obligación de combatirla.
Entre los asuntos que provocaron la crisis política se encuentra la llamada “Casa Blanca” y el trato preferencial a la empresa Higa, que plantearon problemas de conflicto de interés, aún no resueltos, toda vez que la esposa del presidente contrató un préstamo con dicha empresa, propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantú, favorecida con contratos millonarios durante la gubernatura de Peña Nieto, en el Estado de México, y en lo que va del sexenio , para la ampliación y remodelación de su mansión en las Lomas de Chapultepec. A lo que se sumó una equivocada estrategia de Relaciones Públicas que puso en el centro de las burlas a Angélica Rivera, quien explicó públicamente la procedencia de su propiedad en un intento por defender de un supuesto ataque “el patrimonio de su familia” y el “buen nombre de su esposo”, ignorando la obligación de éste último de hacer públicos sus bienes y los de su cónyuge así como la procedencia de los recursos con que los se obtuvieron.
Se recurrió a la estrategia de hacer “protagonizar” a la primera dama, antes actriz, un lacrimógeno discurso en la pantalla chica, que más parecía un capítulo de telenovela, que parte de la obligación de rendir cuentas de quien está en el poder.
Lo anterior ocurrió en un contexto en el que el primer mandatario pareció someterse a los intereses corporativos de Televisa, como muestran la reforma en telecomunicaciones, los comentarios de Eugenio Derbez y de Carlos Loret de Mola, durante la transmisión del Teletón y la efusiva respuesta de Peña Nieto unas horas después alabando a la empresa , por mencionar sólo lo más visible.
Los otros grandes temas del 2014 fueron las ejecuciones extrajudiciales de 15 supuestos delincuentes por parte del Ejército, en Tlatlaya, Estado de México y los intentos de los gobiernos estatal y federal por “tapar” el hecho. Y por supuesto los 43 estudiantes normalistas desaparecidos, a quienes se reclama vivos, y los 6 muertos de Ayotzinapa, Guerrero. Aquí destaca el error y la falta de sensibilidad presidencial al pedir “superar el dolor”, sin haber encontrado a los normalistas y en los dos casos, tanto el de Tlatlaya como el de Ayotzinapa, una respuesta tardía y poco efectiva.
Lo anterior provocó grandes movilizaciones ciudadanas, en México y el mundo, en torno a Ayotzinapa, acompañadas de un proceso de ciudadanización creciente, debido al enorme descontento que provocó la, hasta ahora fallida, estrategia gubernamental para resolver los graves problemas de violencia y desintegración social que vive el país. A todo lo cual hay que sumar un descontento generalizado de la ciudadanía por la actuación de la clase política, lo cual se traduce en una crisis de representación, cuando la gente asume que ningún partido político la representa y en una caída importante de la popularidad presidencial, con el nivel más bajo desde 1995-1996, durante el sexenio de Zedillo. En agosto EPN obtuvo un 50% de desaprobación y a inicios de diciembre ésta subió a 58% de acuerdo con el diario Reforma .
El Universal reportó que la impopularidad pasó de 45 a 50% . En ese mismo sentido, y de acuerdo con Gea-Iza, en su cuarto reporte ‘México: Política, Sociedad y Cambio’ , en noviembre pasado el 60 por ciento de los encuestados desaprobó las respuestas del gobierno ante el caso Ayotzinapa, otro 60 por ciento consideró incorrecto que Angélica Rivera se relacionara con un contratista de gobierno, en tanto que 52 por ciento desaprobó, en general, la gestión de Enrique Peña Nieto.
Pero la crisis de confianza no parón en la presidencia y los partidos políticos, alcanzó a las diversas instituciones del país, según el mismo estudio de Gea-Iza, entre junio y noviembre, la confianza en las principales instituciones se desplomó. En las universidades, de 55% a 42%; iglesias, 37% a 34%; maestros, 36% a 31%; Ejército, 48% a 30%; policías, 20% a 10%; partidos políticos, 16% a 7%; y, juzgados, 13% a 7%. Esta crisis de confianza se concentra en la debilidad e ineficacia crónicas de las instituciones responsables de la seguridad y la justicia, mismas que se observan como la causa de la masacre de normalistas de Ayotzinapa, y que se reflejan en la persistencia de elevados índices de inseguridad y de impunidad, ésta última alcanza niveles del 93.8%, y de los 6.2% casos denunciados sólo un porcentaje menor terminaron en sentencia condenatoria.
Dos temas más, la carencia de una estrategia distinta a la de Felipe Calderón para combatir al crimen organizado, como mostró el decálogo presentado el 27 de noviembre , y la criminalización de la protesta social profundizan la crisis de confianza. A todo lo anterior se suman los problemas económicos: la falta de crecimiento económico y los recurrentes ajustes a la baja del pronóstico de crecimiento, en 2013, Hacienda pronosticó un crecimiento de 3.5 por ciento que quedó en un 1.4 por ciento y para 2014 anunció un incremento de 3.9 por ciento que quedará, según todos los pronósticos entre 1.5 y 1.9 por ciento; es decir, un crecimiento inferior al 50 por ciento de lo pronosticado en ambos años.
Una reforma fiscal recesiva, que inhibió la inversión de los pequeños y medianos empresarios. En 2013 el ingreso disponible de las personas –hogares y empresas- bajó, pero en 2014 se derrumbó. Se desplomó por esta reforma y por el incremento de impuestos y de inflación, según analizó el economista Jonathan Heath . La devaluación del peso, de 2.55% en el año. El retraso de las prometidas inversiones multimillonarias en el sector de telecomunicaciones, las cuales llegarían al país una vez realizada la reforma del sector.
Por si fuera poco el programa “Prospera” aumenta su presupuesto en 54% respecto de “Progresa”, sin que ello se traduzca en una mayor cobertura de los sectores marginados sino en un mayor gasto administrativo, justo en la víspera de las elecciones intermedias de 2015, lo cual llama a sospecha en torno a que se use dicho programa con fines electorales, involucrando nuevamente a SEDESOL, como en las elecciones de Veracruz en 2013, cuando a través de un video el PAN demostró el apoyo de delegados de esta secretaría a los candidatos del PRI.
Este último punto permite introducir el tema de las elecciones de este año -en las que se disputarán 500 diputaciones federales, 9 gubernaturas, 641 diputaciones locales, 993 alcaldías y las 16 jefaturas delegaciones del DF-, a partir de las cuales, el partido del presidente de la República intentará ampliar su ámbito de influencia a pesar de los malos resultados dados en 2014, para preparar el escenario para las elecciones presidenciales de 2018.
Entre las gubernaturas destacan Campeche, Colima, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, 6 de las 9 por las que se competirá y que son gobernadas por el PRI, las otras son Baja California Sur y Sonora, gobernadas por el PAN y Guerrero, por el PRD. Con toda seguridad los gobernadores priístas harán uso de “todos sus recursos”, lícitos o no, para mantener estos 6 estados bajo el dominio de su partido. De los seis Michoacán es una excepción pues tiene como gobernador interino a Salvador Jara Guerrero, quien no milita en ningún partido, pero que tampoco controla el Estado, sino el comisionado Alfredo Castillo nombrado por el presidente de la República, quien de cualquier forma opera con la estructura priísta, misma que será movilizada en las próximas elecciones.
Los otros retos son, por supuesto: ganar las 3 gubernaturas que mantienen el PAN y el PRD; obtener el mayor número de curules en la Cámara de Diputados y depender menos de otros partidos en la construcción de mayorías legislativas; pero, sobre todo, volver a gobernar las delegaciones de la ciudad de México, considerada la joya de la corona por ser el lugar donde se asientan los poderes federales y la ciudadanía más crítica de todo el país.
Así planteado el escenario, los pendientes dejados en 2014 serán los principales obstáculos a vencer, que no necesariamente a resolver, en la carrera por las elecciones de 2015.
