Por Érika Paz / @paz_eri enviada especial
(13 de enero, 2015).- El 2006 significó un “empuje” hacia una construcción de una política pública en materia de derechos humanos, sin embargo, los avances “son insuficientes”, asevera Arturo Peimbert Calvo, titular de la Defensoría de Derechos Humanos de los Pueblos de Oaxaca (DDHPO).
Toda vez que “hemos visto no nada más cómo se mantiene el status quo en materia de pobreza, de administración de justicia, de procuración de seguridad pública, de educación, de salud, sino que se han agudizado las contradicciones sociales”, comenta en entrevista con Revolución TresPuntoCero, Arturo Peimbert, egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO).
Aun cuando se han obtenido logros en la materia, como el que la DDHPO pueda iniciar juicios ante la sala constitucional en el Tribunal Superior de Justicia del Estado en caso de que las instituciones de gobierno no acaten las recomendaciones emitidas por esta institución, en los mecanismos de información y acercamiento con la sociedad aún queda mucho camino por recorrer, señala el especialista en mediación de conflictos.
Arturo Peimbert participó activamente en el equipo de mediación e intermediación para la atención del conflicto de 2006 –junto con el obispo emérito Arturo Lona Reyes, el artista plástico Francisco Toledo y el sacerdote Romualdo Wilfrido Mayrén Peláez, mejor conocido como el Padre Uvi–, cuando el pueblo de Oaxaca fue reprimido por el entonces gobernador Ulises Ruiz.
En la historia reciente, el 2006 es un parteaguas en la vida política de Oaxaca cuando la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca (APPO) tuvo como exigencia central la renuncia del gobernador de filiación priista, Ulises Ruiz, fue “el primer movimiento para derrocar un gobierno que se caracterizaba por la profunda proclividad de la violación de derechos humanos”.
En ese entonces “la bandera de lucha de la sociedad en el 2006, de manera colectiva, fue la de las violaciones a los derechos humanos de las que estaba siendo objeto, a partir de un acto de criminalización y de represión de la protesta magisterial en junio de ese año”, rememora Peimbert.
Esta lucha, no fue una lucha de partidos o movimientos como el del Partido de los Pobres o del Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo (Procup). El 2006 fue la “la primera vez que la sociedad elige mecanismos de protesta concatenados a lo que siente como violaciones a derechos humanos. Después de este movimiento en 2006, se agudizan también las contradicciones y optan –las y los oaxaqueños– por un cambio democrático por medio del ejercicio de su voto y se logra su transición (política)”.
El compromiso en 2010, cuando Gabino Cué resultó electo, fue el de cambiar “el estado de las cosas en materia de derechos humanos […]. Se crean las salas constitucionales para la defensoría en esta materia, pero a la postre esto ha generado cierto desencanto porque en el discurso. En la ley hay avances pero también en la vida cotidiana de las instituciones se mantienen el mismo estado, seguimos sintiendo cómo las instituciones han aprendido a respetar las recomendaciones de este organismo público pero se sigue despreciando institucionalmente a los derechos humanos”, subraya.
Aún con el gobierno de transición, hasta el momento, las personas a cargo de las instituciones de gobierno no son afines con los principios democráticos y de respeto a los derechos humanos. Por un lado, afirma Peimbert, en el gobierno de Gabino Cué “seguimos viendo las mismas caras, los mismos personajes en los mismos puestos como son procuración de justicia, seguridad pública, pero también en la propia secretaría general de Gobierno”.
Y por otro, no existe una definición clara en la medida pública de no repetición a nivel federal para actos como los de Ayotzinapa, por ejemplo. “El presidente (enrique Peña Nieto) emitió una propuesta, pero nosotros hemos hecho nuestras anotaciones en materia pública”.
“Fortalecer los instrumentos para proteger los derechos humanos, detallando la tortura, las desapariciones forzadas y la localización de personas. Se fortalecerán los protocolos y procedimientos, para que en casos de tortura, desaparición forzada y ejecución extrajudicial, las investigaciones sean oportunas, exhaustivas e imparciales. Se establecerán indicadores adicionales en materia de Derechos Humanos, en coordinación con la CNDH y Organizaciones de la Sociedad Civil”. (Octava medida de las 10 anunciadas el 27 de noviembre de 2014).
Arturo Peimbert identifica dos temas cruciales en los que no existen estrategias claras para la protección de los derechos humanos en Oaxaca con base en las medidas anunciadas por el Ejecutivo Federal. El primero es la violencia contra las mujeres, que en Oaxaca se encuentra entre las primeras cinco denuncias que registra por día la Secretaría de Seguridad Pública, diariamente.
En lo que respecta a la protección de los derechos humanos de las mujeres “se puede generar un proceso de revictimización por la falta de seguridad para las ellas ante la falta de política pública efectiva para emitir una alerta de género que no se ha puesto en práctica nunca, a pesar de los crecientes índices de feminicidios en nuestro país”.
Tan sólo de 2013 a 2014 el índice de violencia contra las mujeres aumentó en un 300 por ciento, del 1 de enero al 9 de septiembre de 2014, se registraron 72 asesinatos de niñas y mujeres, de acuerdo con la asociación civil Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca.
El segundo foco de alerta son los mecanismos de implementación del Mando Único policíaco, “sobre todo cuando (en Oaxaca) tenemos una extensión territorial que obliga a una complejidad demográfica. Nosotros creemos que no puede existir una imposición total de esta ley porque no cobraría vigencia nunca. Porque se tiene que consultar previa y libremente a las comunidades sobre este tema”. Dados los sistemas normativos propios de las comunidades que tienen históricamente fórmulas de protección a su ciudadanía.
Creación obligatoria de las policías estatales únicas, por lo cual se creará un nuevo modelo policiaco en 32 grupos sólidos. (Tercera medida de las 10 anunciadas el 27 de noviembre de 2014).
Asimismo, se ha constatado que los mecanismos de protección para las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, siguen siendo ineficientes en todo el país. Tan sólo en el primer trimestre de 2014, Oaxaca se ubicó como la segunda entidad con mayor número de atentados registrados en contra de la prensa, de acuerdo con Artículo 19.
Otro de los focos rojos en materia de defensoría de derechos humanos, si consideramos que el trabajo de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas es crucial para “generar mejores mecanismos de gobernanza y de seguridad”, como contrapeso al régimen de gobierno actual, indica el Ombudsman oaxaqueño.
Un régimen que ha implementado un modelo económico que afecta “de manera muy grave a las comunidades con más alta marginación de nuestro estado”, por lo que el reto para este 2015 en materia de derechos humanos radica en el empoderamiento de la sociedad y de los organismos públicos autónomos de defensa de derechos humanos “que reviertan estos procesos, que ayuden a contenerlos y que permitan transitar hacia una actividad permanente de pro persona”.
Cualquier interpretación que se haga de la ley debe ser en beneficio de la persona, como lo mandata el artículo primero constitucional<. “nuestros servidores públicos están obligados a adoptar ese criterio pro persona”.
En opinión de Arturo Peimbert, no hay que olvidar que en Oaxaca históricamente se han cometido atrocidades en contra de su población, por lo que independientemente del rumbo político que se configure en este año electoral 2015, el objetivo debe ser “empoderar a la gente, que realmente se anime a pensar que el poder reside en la soberanía del pueblo, y es ésta la que va a poder empujar a que las autoridades no se abstraigan de su responsabilidad de respetar los derechos humanos y de generar condiciones de vida digna y de desarrollo”.
Sin embargo, Peimbert, quien ha sido amenazado de muerte por su labor como Ombudsman, reconoce que: “Hay tanta voz y tan poca acción, que la gente está desestimando cada vez más a las instituciones y al discurso público, sin importar quién lo emita”, cuando las condiciones de vida, de producción, de trabajo y de seguridad, no mejoran.
“En México se le ha dado un chance importante a la vía política institucional para el cambio, pero si este cambio no se acelera, no se hace fehaciente, es muy probable que la gente también opte –en una medida de desesperación– por otras vías. Lo estamos viendo, la gente está tan enojada y cuando no hay una izquierda (partidista) efectiva, cuando hay crisis de instituciones, cuando el discurso suena a rollo, cuando no hay respeto a los derechos humanos, la gente se decide por otras opciones”, explica.
Como la migración, “irse a someter a un esclavismo moderno […] yo lo veo como una expresión pacífica de la gente. Si no le responden sus instituciones o migro o me peleo, o migro o me rebelo”.
Es por ello que el abogado Arturo Peimbert advierte sobre la responsabilidad de los servidores públicos, “tenemos que actuar”, afirma. Toda vez que “subyacen otro tipo de opciones no necesariamente pacífica, las cuales, yo creo, debemos de evitar al máximo”.
