(19 de abril, 2015).- La organización política nacional Factor Fortaleza Ciudadana que encabeza Julio Leopoldo de Lara Valera demandó rescindir el contrato a Adolfo López Badillo quien se desempeña como presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos una vez que no ha incumplido con las funciones para las que fue contratado por los ciudadanos.
El dirigente de Factor informó que el 28 de agosto de 2014 se entregó al Congreso del Estado la solicitud para la revocación del contrato sin embargo no han recibido ninguna respuesta por parte del ejecutivo.
Sin embargo el Congreso del Estado congeló la solicitud para investigar y destituir a Adolfo López Badillo por su presunta complicidad en la detención del luchador social, Carlos Flores, además de su omisión en los casos de represión que se han registrado en Puebla.
Leopoldo de Lara Valera recordó hechos graves como el que ocurrió en Chalchihuapan donde fue asesinado un niño (Luis Alberto Tehuatlie Tamayo) por un proyectil disparado por elementos de la policía estatal, y la comisión estatal no emitió ningún comentario eh los días siguientes ya que esperaba la línea del gobierno del estado. Afirmando que existe una inminente protección a los abusos de la autoridad por parte de López Badillo, siendo un elemento para que se dé la remoción.
Y advirtió que hay una complicidad por parte de los diputados que fueron los que eligieron a López Badillo y que no han cuestionado sus acciones omisas. Afirmando que “desde su llegada ha sido protector de las injusticias, como la cometida en diciembre de 2011 por del presidente municipal de Tlachichuca, Jonathan Coyantes Cabañas en contra de su esposa que fue detenida”
El 8 de abril de 2014 a las afueras de sus oficinas fue detenido el ambientalista Carlos Flores quien había ido a interponer una queja por las detenciones arbitrarias. El ambientalista había acudido a una reunión para solicitar la liberación de Enedina Rosas, a la cual se le violaron sus derechos humanos sin una recomendación de la Comisión que encabeza López Badillo
Otro caso fue el de Delfino Flores Melga, el nonagenario que murió en el penal la semana pasada y que Adolfo Flores Badillo se negó a recibir la queja por las violaciones a sus derechos, en este caso en donde debió enfrentar el proceso en su casa.
El 26 de julio pasado, los integrantes de diversas organizaciones sociales exigieron también la destitución del titular de la CEDH. En conferencia de prensa, representantes del Movimiento por la Alternativa Social (MAS), Marco Mazatle y Ricardo Jiménez Ávila; el Movimiento Nacional Los de Abajo, Hilario Alonso Flores; la Barra de Abogados Democráticos, Roberto Santiago Hernández, José Guadalajara Sánchez; entre otras, refirieron que muchos activistas están presos injustamente.
Sobre el tema senadores y diputados federales han denunciaron que en Puebla se vive una crisis de derechos humanos, que se agravó con el operativo en Cholula, donde la policía hirió a adultos y menores que se manifestaban para exigir la devolución del Registro Civil a las comunidades.
Afirman que en la administración de Rafael Moreno Valle se vive una de las etapas más regresivas y de represión hacia las comunidades. Y afirmaron que en las represiones los policías utilizan gases lacrimógenos, toletes, disparan balas de gomas e incluso han llegado a utilizar un helicóptero para arrojar gases lacrimógenos desde el aire.
Diversas organizaciones no gubernamentales (ONG) coincidieron que en el cuarto año de gobierno de Rafael Moreno Valle, Puebla se sumió en la peor crisis de violaciones a derechos humanos y bajo ese balance advirtieron que no permitirán que el mandatario arribe a la candidatura presidencial.
La postura fue respaldada por Contingente Puebla, el Consejo de Contraloría Ciudadana, Puebla Vigila, El Taller Centro de Sensibilización y Educación Humana, así como por las juntas auxiliares de San Bernardino Chalchihuapan, San Miguel Canoa y La Resurrección.
En rueda de prensa, Daniel Valdez Amaro, director de Puebla Vigila, informó que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, los poblanos consideraron que la menor credibilidad la tienen las instituciones de seguridad del estado, donde el nivel más bajo recae sobre la Policía de Tránsito, con 7% de confianza de la ciudadanía, por lo que sostuvo que la seguridad sigue siendo un tema pendiente del actual gobierno y como sociedad civil.
