El actual inquilino de Los Pinos no cumplió sus promesas de campaña. Ha aumentado la militarización de la guerra contra las drogas en el país. Ha incrementado el gasto del gobierno federal en material de defensa, a través de un programa de ayuda militar de Estados Unidos. México gastó más de mil millones de dólares en equipamiento militar durante el año pasado a través del programa Ventas Militares Extranjeras de Estados Unidos (FMS por sus sigla en inglés), de acuerdo con las declaraciones de William Gortney, almirante de la marina de guerra y alto comandante del comando norte de EU, ante el Senado estadounidense.
La cifra representa un aumento de cien veces más con respecto a años anteriores. Hasta el año pasado, México adquiría equipos militares de EU a través de ventas comerciales directas. Ahora lo lleva a cabo a través del FMS, cuyas adquisiciones están destinadas a fortalecer los esfuerzos de interceptación de drogas. México compró a EU, en mayo de 2014, 2,000 Humvees (vehículo militar multipropósito), por un valor de US$245 millones, para ser utilizados en la lucha contra los cárteles de la droga. El mes pasado EU acordó vender tres helicópteros Blackhawk por US$110 millones, para ser utilizados por militares contra narcotraficantes. Las ventas comerciales directas se triplicaron entre 2011 y 2012, pasando de menos de US$400,000 a más de US$1,2 billones, el gasto se mantuvo por encima de US1 billón en 2013, el primer año del mandato de Peña Nieto.
Durante lo que resta de la administración de Peña Nieto, todo parece indicar que seguirá recurriendo de manera excesiva a las fuerzas de seguridad militar contra los cárteles de la droga. No hay indicios de que esto vaya a cambiar en los años siguientes. Aunque en los primeros años de su administración el mexiquense se comprometió a que los militares tendrían un retorno progresivo a los cuarteles, aún no hay información sobre cómo y cuándo esto será un hecho.
La militarización del país seguida por la administración de Peña Nieto es inquietante y no se le ha dado la debida atención mediática. Los grupos de vigilancia de derechos humanos han vinculado el esfuerzo militar del gobierno de Felipe Calderón a un marcado aumento en los reportes sobre tortura y abusos por parte del personal de fuerzas armadas. Las autoridades buscaron imponerse mediante violaciones de derechos humanos, como las recientes masacres y la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
El enfoque militar utilizado por Peña Nieto para luchar contra el narcotráfico causó un retroceso de los derechos humanos en el país, acusó la organización gubernamental estadounidense Human Rights Watch (HRW). El enfoque ha sido contraproducente, acusa, porque la estrategia propició un clima de impunidad y de falta de rendición de cuentas entre las fuerzas del orden. Sostiene que el Ejecutivo mexicano ha hecho poco para combatir la corrupción e impunidad que propiciaron graves abusos por parte de militares y policías. Estados Unidos guarda silencio sobre esto, lamenta HRW.
La “guerra contra las drogas”, iniciada por Felipe Calderón y seguida por Peña Nieto desembocó en una epidemia de ejecuciones sumarias, desapariciones forzadas y tortura por parte de militares y policías, señaló la organización con sede en Washington. “La espiral de violencia entre las organizaciones criminales, aunada a la catastrófica situación de la seguridad pública, ha costado ya más de 90,000 vidas en México desde 2006”, cuantifico HRW.
También la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sostiene que usar al ejército en labores de seguridad pública que corresponderían a una policía civil expone a los ciudadanos a diversas violaciones a derechos humanos. Christof Heyns, relator especial de las Naciones Unidas sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, urgió al Estado dejar atrás la militarización y capacitar a cuerpos policiales para que éstos sean aptos de atender las demandas de seguridad pública en el país.
Heyns advierte que la sociedad mexicana está expuesta a una serie de atropellos por la militarización, no hay suficiente rendición de cuentas por esos actos en el sistema de justicia militar, que “ha sido sistemáticamente incapaz de enjuiciar de manera efectiva a los soldados acusados de haber cometido abusos graves”.
La situación de militarización y violencia en el país es grave. Las fuerzas armadas concentran las recomendaciones formuladas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre violaciones al derecho de la vida. Los niveles de homicidio son demasiado elevados, y la impunidad hace más grave la situación. No hay investigaciones por homicidios y es evidente la “falta de capacidad y deseo de las autoridades para realizarlas”.
El involucramiento de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública ha tenido un efecto directo en el incremento de las violaciones graves de derechos humanos. Las quejas presentadas por violaciones de derechos humanos por parte de militares se han incrementado en un 1000%. Resulta particularmente preocupante el incremento en la cifra de desapariciones forzadas desde que inició la pasada administración federal.
La militarización es un peligro real para el país. Es la anulación categórica de la democracia, la seguridad pública y los derechos humanos. Desde el gobierno de Ernesto Zedillo la Suprema Corte de Justicia de la Nación abandonó vergonzosamente su misión –en tanto equilibrio del poder Ejecutivo- al legitimar la participación militar en tareas de seguridad pública. Con Vicente Fox el proceso siguió al conformarse la Policía Federal Preventiva con efectivos del sector castrense. Con Felipe Calderón el ejército tuvo un incremento presupuestal de más del 100% brincando de 26 mil millones en 206 a 50 mil millones en 2011. Con Peña Nieto la militarización continúa con la creación de la Gendarmería Nacional, es decir, una policía militarizada.
MÁS DROGAS A EU
El proceso de militarización de México está engranado a los intereses de Estados Unidos, país que apoya y financia las guerras contra las drogas, para su administración y dosificación a su amplia población adicta que no puede quedar sin narcóticos. Estas guerras le permiten a EU reactivar su economía, apropiarse de territorios y despojar sus recursos naturales, combatir a las disidencias políticas, restringir derechos, y consolidar negocios a partir de la muerte.
De acuerdo con lo señalado por el subsecretario de Estado para asuntos de narcóticos de los Estados Unidos, William Brownfield, el consumo de heroína en los EU se incrementó un 65%, durante los últimos tres años. El aumento en la demanda disparó la producción de dicha droga en México y tiene en alerta a las autoridades estadounidenses.
Según el funcionario, el consumo está generando una “crisis” que se agrava con la participación de los cárteles de México en el tráfico de heroína. Al menos 10 cárteles han cambiado su actividad principal de la cocaína a la heroína. Son esas mismas organizaciones criminales que dicen los funcionarios de la administración de Peña Nieto que ya han sido eliminadas.
Con todo, México produce la mitad de la heroína que se consume en los Estados Unidos. Las incautaciones de pasta de opio, con la que se produce la heroína, en México aumentaron 500% entre 2013 y 2014, y los decomisos de la droga ya procesada aumentaron 42 por ciento. Mientras que el consumo de cocaína en suelo estadounidense disminuyó cerca de 50 por ciento, según el funcionario.
Cifras de la Secretaría de la Defensa Nacional indican que aumentó en 507 por ciento las incautaciones de goma de opio durante 2014, mientras que las de cocaína se desplomaron 64 por ciento, respecto a 2013. Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014, se decomisaron mil 250 kilos de goma de opino, contra 206 kilos en 2013. De la goma de opino se produce la heroína, una de las drogas prohibidas más caras del mundo. En la región de Norteamérica, un gramo de heroína se cotiza en 272 dólares. El comercio de opio es una industria de mil millones de dólares al año.
La variación en incautaciones responde a modificaciones en el mercado de Estados Unidos.
