Héctor Astudillo, electo –bajo la sombra de Ayotzinapa- como gobernador de Guerrero por el PRI y PVEM asume su puesto hasta el 27 de octubre. Tema fundamental al arrancar su administración lo es sin duda la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Sobre el particular, y tras el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independiente (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sostiene que los hechos del 26 y 27 de septiembre pasado en Iguala son un acontecimiento brutal, sin sentido contra estudiantes y ciudadanos que no debe de quedar impune. “Ni perdón ni olvido”, señaló.
El principal reto que enfrenta Astudillo tiene que ver son la inseguridad que resiente Guerrero. El caso Ayotzinapa es parte de una larga lista de atrocidades cometidas en toda la entidad, como desaparición forzada, tortura, homicidios durante su búsqueda de justicia. Lo peor de todo es que el sistema de justicia penal de Guerrero ha desatendido gravemente a las víctimas de estos crímenes. La delincuencia organizada, de acuerdo con investigaciones de organizaciones defensoras de derechos humanos como Centro Prodh y Tlachinollan, se ha infiltrado en instituciones estatales, incluyendo la policía, en tanto que familias de élite mantienen el poder y control de instituciones públicas, que han abandonado a la población rural, indígena y pobre, facilitando el reclutamiento por parte de los cárteles y abonando el descontento popular.
Héctor Astudillo recibe un estado con 19 mil 434 homicidios reportados entre 2005 y 2014, un número impactante para una población de sólo 3.4 millones de habitantes. Aunque el conjunto de fosas comunes y clandestinas no investigadas, muchas de las cuales se descubrieron tras las desapariciones de Ayotzinapa, sugieren que el número real de homicidios es mucho mayor. Le toca averiguar hasta donde llega la responsabilidad de Ángel Aguirre Rivero y la mano negra del clan Figueroa. La interrogantes es ¿se atreverá?
