(23 de septiembre, 2015).- La reunión entre familiares de los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa, aunado al ayuno de allegados y consanguíneos son protestas que surgen ante un Estado que pareciera estar ciego y Amnistía Internacional expresa que “el manejo negligente por parte de las autoridades mexicanas de la investigación sobre la desaparición forzada de 43 estudiantes de Iguala, Guerrero, hace un año, expone un escandaloso encubrimiento orquestado en los niveles más altos de gobierno”.
La desaparición de los 43 moralistas no sólo deja claro el débil y casi inútil sistema judicial de México, sino también la impunidad y corrupción ya que de los normalistas se sabe poco pero en las investigaciones ya se encontraron 70 fosas con cuerpos no identificados.
“La tragedia de Ayotzinapa es uno de los peores escándalos de derechos humanos de la historia reciente de México. Ha expuesto cómo cualquiera puede desaparecer forzadamente como por arte de magia en el país mientras quienes están en el poder se enfocan en cubrir las huellas. A menos que el presidente (Enrique) Peña Nieto tome acción real, ahora va a continuar siendo visto en todo el mundo como el facilitador de estos horrores”, dijo Erika Guevara-Rosas, Directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Para Amnistía Internacional, los 43 estudiantes fueron desaparecidos forzadamente después de ser detenidos por la policía municipal mientras viajaban en Iguala el 26 de septiembre de 2014. Desde la desaparición forzada de los estudiantes, se han descubierto más de 70 fosas comunes con los restos de decenas de personas. La mayor parte de los cuerpos no se han identificado todavía.
La desaparición forzada de los estudiantes tuvo lugar en el contexto de una crisis de derechos humanos en México, con más de 26.500 personas desaparecidas o cuyo paradero es desconocido en todo el país en los últimos años, casi la mitad durante la actual administración.
Amnistía Internacional subraya que los restos de uno de los estudiantes, Alexander Mora Venancio, de 19 años, fueron identificados, supuestamente, con base en los restos encontrados dentro de una bolsa de basura en un río de la zona. Las autoridades recientemente dijeron que un hueso que pertenece a Jhosivani Guerrero de la Cruz, otro estudiante de Ayotzinapa de 20 años, fue encontrado en la misma bolsa. Sin embargo, expertos del Equipo Argentino de Antropología Forense dijeron que el examen de ADN hecho sobre estos últimos restos “no es concluyente”.
Las autoridades Mexicanas también impidieron que los expertos internacionales entrevistaran a soldados del Batallón de Infantería número 27, localizado en el pueblo donde los estudiantes fueron arrestados. Documentos de inteligencia desclasificados desde entonces revelaron que militares en Iguala sabían de las detenciones ilegales y de los abusos contra los estudiantes.
“Desde que los estudiantes fueron detenidos y desaparecidos forzosamente, más de 100 personas fueron arrestadas en relación a las desapariciones (aproximadamente el 50% de ellas son policías y el 50% supuestos miembros de bandas criminales).
Algunos de los detenidos han denunciado que fueron torturados para confesar haber secuestrado a los estudiantes”, apunta el organismo. “La falta de transparencia y la forma en la que los familiares de los estudiantes están siendo tratados es sorprendente, aun bajo los estándares de un país que parece absolutamente incapaz de abordar violaciones a los derechos humanos,” dijo Erika Guevara-Rosas.
