(26 de septiembre, 2015).- Los organismos defensores de los derechos humanos se han proclamado a favor de una investigación seria sobre el caso de los 43 normalistas desaparecidos hace exactamente un año y las Naciones Unidas en México (ONU-México) nos es la excepción quien dijo que es necesario esclarecer uso de tortura y alteración de evidencias.
El pronunciamiento de la organización se realizó el día de ayer y también pidió esclarecer las irregularidades surgidas a lo largo de las pesquisas, como el uso de la tortura para conseguir confesiones, alteración de evidencias, omisiones y deficiencias periciales.
En un comunicado manifestó que esos hechos han contribuido a evidenciar los desafíos que enfrenta México en materia de desapariciones, y estimó que el Estado se encuentra ante una “oportunidad histórica”, como lo calificó recientemente el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias, para transformar la situación imperante.
“Las más de 26 mil personas cuyo paradero se desconoce, de acuerdo con el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, deben alentar a todas las autoridades a asumir la búsqueda de éstas como una prioridad ineludible”, subrayó.
Mas adelante destacó que “es fundamental establecer las responsabilidades de las autoridades municipales, estatales y federales que participaron directamente en los hechos o que, teniendo conocimiento de los mismos, no cumplieron con el deber de garantía, prevención y protección que toda autoridad tiene”.
Explicó que los efectos de no poder localizar a un ser querido “perduran hasta que no se esclarece su suerte o paradero, prolongando y amplificando el sufrimiento que se causa a familiares y allegados. Nadie debe ser sometido por más tiempo a este calvario”, enfatizó.
La víspera de cumplirse un año de la desaparición de los 43 normalistas, la ONU-México dio a conocer su profunda solidaridad con las víctimas directas de diferentes violaciones a los derechos humanos y sus familias, y en particular dijo que los hechos de Iguala, “en donde además se ejecutó a seis personas de manera extrajudicial y se provocaron lesiones a 40 más, algunas de ellas de suma gravedad, constituye uno de los casos más graves de violaciones de derechos humanos” en la historia reciente del país.
