(2 de Octubre, 2015).- Los nuevos gobernadores de diversos municipios de Jalisco, se encontraron en el inicio de sus funciones con diversas y preocupantes dificultades. Es necesario notar que, curiosamente, sus municipios fueron precedidos por gobiernos priístas:
Jesús Pablo Lemus Navarro, edil de Zapopan, denunció la extracción de documentos y expedientes de la dirección de Obras Públicas. Incluso mandó acordonar sus oficinas para detener los saqueos.
El candidato independiente Enrique Alfaro Ramírez, en Guadalajara, impidió a más de cuatro mil trabajadores de confianza quienes, en su mayoría, fueron contratados por el PRI, entrar a laborar a sus puestos. La razón es que evaluará a todos los burócratas. Por este motivo los empleados amenazaron con marchas y paros.
En San Pedro Tlaquepaque, se amotinaron ex funcionarios quienes se negaban a dejar el cargo, ediles del PRI-Verde Ecologista no asistieron a la primera sesión de cabildo, mientras que PAN y Morena expresaron su apoyo a la nueva alcaldesa, María Elena Limón García.
No es todo, a Martín Maldonado Juárez, nuevo director de Seguridad Pública, se le impidió tomar posesión de su puesto, por “no contar con los exámenes de confianza aprobados”. Así que Gregorio Martínez Mora no fue removido como director de la dependencia. En Zapotlanejo se heredó una deuda por más de 70 millones de pesos de la anterior administración. En Tlaquepaque se denunció la extracción de documentos y expedientes del DIF municipal.
Como si no bastara, en Tonalá, gobernado por el priísta Sergio Chávez, se nombró como jefe de la Policía a Miguel Magaña Orozcofuera acusado en el 2007 de estar implicado en el asesinato de un exfuncionario.
