(05 de octubre, 2015).- Organizaciones no gubernamentales y ciudadanos, lamentaron que el gobierno mexicano responda desde una ‘lógica mediática de control de daños’, a las conclusiones preliminares de las organizaciones defensoras de derechos humanos que atañen a los problemas estructurales que afectan los mexicanos. Reprocharon que el gobierno no citó datos que presentados por la CIDH. Argumentaron que dicha información no deriva sólo de testimonios y casos aislados sino de estadísticas oficiales .
Recordando que en días pasados Roberto Campa tomó postura respecto y consideró que éste informe “no reflejaba la realidad del país”. Alegó también que la conclusión era sesgada, pues sólo se visitaron algunos estados y en sólo 5 días.
Ante esto, diversas organizaciones defensoras de derechos humanos afirmaron que las conclusiones de la CIDH se sustentan en la información que permanentemente recaba dicha Comisión sobre México y que se ha actualizado durante la visita. Recordaron que esta instancia internacional, ha celebrado más de 20 audiencias públicas, conoce más de de 100 peticiones y casos mexicanos, recibe informes de fuentes gubernamentales y no gubernamentales, supervisa el cumplimiento de recomendaciones en diversas entidades, así como el seguimiento de cerca de las víctimas.
El Comité contra la Desaparición Forzada, entre el 2014 y 2015, encontró que México vive una situación de desapariciones generalizadas en gran parte de su territorio subrayando que ésta es una práctica generalizada. Por otro lado, en años recientes el Relator para la Libertad de Expresión identificó a México como “el país con más agresiones contra periodistas en América Latina”.
Las Organizaciones, argumentaron que hay una verdadera intención por parte del gobierno federal debe, primeramente, dejar de descalificar a los organismos y personas expertas que documentan la realidad del país y asumir sus conclusiones y recomendaciones reconociendo la naturaleza de la crisis actual para entonces implementar políticas, programas.
De no reconocerse la crisis que ha alertado las diversas instituciones internacionales, no puede existir ningún avance.
Algunas de las organizaciones firmantes son: Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos, Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos (ACUDDEH), Alianza Cívica, Asistencia Legal por los Derechos Humanos (ASILEGAL), Casa de los Derechos de Periodistas, Casa del Migrante de Saltillo, Católicas por el Derecho a Decidir. Así como los siguientes centros: Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (FrayBa), Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer, Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, Centro Heriberto Jara (CESEM), Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) y muchos más.
Todas las organizaciones tienen como común preocupación el hecho de que el gobierno federal niegue la situación actual que es para todos evidente.
