(12 de Octubre, 2015).- El gobierno de Enrique Peña Nieto se ha negado a aceptar las recomendaciones de organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre las constantes violaciones a los derechos humanos, lo que ha obstaculizado la aplicación de la justicia, advirtieron especialistas.
“El cumplimiento de los fallos de la Corte Interamericana ha sido una meta escurridiza”, resume Alexandra Hueeus, jurista de la Universidad de Wisconsin.
Las sentencias de la Corte no son vinculantes y en caso de incumplirlas los Estados sólo se exponen a recibir señalamientos y llamados de atención.
Además de ello, el Sistema Interamericano se demora ocho años desde que se presenta una petición por violaciones ante la CIDH hasta que la Corte resuelve el fondo del caso.
El Sistema trabaja actualmente en la solución de 273 casos pendientes relacionados con violaciones a los derechos humanos. Algunos de los casos datan de los años 90. Otros, apenas resueltos, son aún más viejos.
“La Suprema Corte (mexicana) sigue como obligatoria la jurisprudencia de la Corte Interamericana de los casos resueltos en México”, dijo Iliana Rodríguez Santibáñez, Directora del Departamento de Derecho y Relaciones Internacionales del Tec de Monterrey, campus Ciudad de México.
“La jurisprudencia que viene de otros casos sólo es orientadora, por lo que puede o no seguirse, y por tanto carecer de obligatoriedad” sostuvo la académica.
“Los fallos internacionales siempre traen, además de la carga jurídica, una política y social. (Pero) México no puede quedar anquilosado por atavismos de superioridad” añadió la especialista.
“Los ciudadanos de la mayoría de Estados de Europa y América Latina y el Caribe (…) pueden acudir directamente a un tribunal internacional cuando las instituciones de su país no garantizan los derechos humanos” declaró la experta en derechos humanos.
