(20 de Octubre, 2015).- El Juez Primero de Distrito en Procesos Penales de Tamaulipas no halló indicios en el ocultamiento doloso de las víctimas en el caso Iguala en contra de José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, así como a 50 policías municipales, presuntos narcotraficantes, por desaparición forzada.
Para el juez, los indicios aportados por la PGR no resultaron eficaces para configurar esa figura penal; en cambio, consideró que el caso Iguala tiene más elementos de secuestro, delito por el que sí giró las aprehensiones.
El juzgado estimó que los policías y funcionarios en todo caso privaron ilegalmente de la libertad a los estudiantes y los habrían entregado a los narcotraficantes, sin que eso necesariamente implique un ocultamiento doloso de las víctimas, un requisito que exige ese delito.
La PGR de inmediato apeló el fallo y la impugnación fue turnada al Primer Tribunal Unitario Penal de Matamoros, el cual no ha resuelto si ordena las aprehensiones contra los implicados.
Un juez federal ordenó las aprehensiones de cinco agentes de la Policía Municipal de Iguala por el delito de desaparición forzada, pero no por los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
Las órdenes judiciales se giraron por el hallazgo de 30 cuerpos en fosas clandestinas entre septiembre y octubre de 2014.
La PGR ya tiene identificadas a por lo menos 12 de sus víctimas, entre ellas unos mexiquenses que en agosto de 2014 viajaron de Chalco a Guerrero y de los cuales no se volvió a saber nada, hasta que en octubre siguiente fueron hallados en una fosa de Iguala.
De acuerdo con el Código Penal Federal, la desaparición forzada es un delito que cometen sólo servidores públicos, que se sanciona con hasta 40 años de prisión.
El apartado legal dice que este ilícito es cometido cuando el funcionario, independientemente de que haya participado en la detención legal o ilegal de una o varias personas, “propicia o mantiene dolosamente su ocultamiento bajo cualquier forma de detención”.
Los padres de los normalistas han exigido a la PGR que involucre a los responsables de la desaparición de los estudiantes.
