(30 de Octubre, 2015).- Pobladores de la comunidad El Carrizalillo en el municipio de Eduardo Neri, Guerrero, entregaron a la Procuraduría General de la República (PGR) a nueve policías federales acusados de servir al cártel de los “Guerreros Unidos”.
El comisario de ese poblado, Nelson Figueroa, denunció también a los elementos del 27 batallón de infantería de Iguala de estar coludidos con esa organización delictiva, implicada en la desaparición de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa los días 26 y 27 de septiembre de 2014.
El comisario explicó que el agente Modesto Celso Piña Onofre servía como informante del grupo delictivo, acompañado de otros uniformados detuvieron al presidente del comisariado ejidal, Ricardo López García, a quien acusaban de tener un arsenal, así como 3 millones de pesos que eran de la comunidad.
Sin orden de cateo o de aprehensión, los federales dispararon en la casa del representante comunitario, lo que provocó la molestia del resto de los pobladores, quienes amenazaron con quemar las camionetas de los agentes.
Al mediodía, agregó, llegaron 15 elementos del 27 batallón de infantería de Iguala con un presunto agente del Ministerio Público. Yo quería entregarle a los detenidos, pero el pueblo no quiso. A la una de la tarde llegó otro agente del Ministerio Público de Iguala, pero los pobladores acordaron que sólo entregarían a los detenidos a la Armada de México, no al Ejército ni a la PF.
Finalmente los pobladores acordaron llevar a la Secretaría de Marina a los agentes detenidos, por lo que los habitantes han solicitado al gobierno federal un retén de la Marina, pues aseguran que los militares de la zona están corrompidos con los “Guerreros Unidos”.
De acuerdo con los pobladores del Carrizalillo, los Guerreros Unidos les dieron refugio al ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda, para después huir al poblado de Xochipala.
