(21 de diciembre, 2015).- Aproximadamente 800 investigadores y docentes del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) denunciaron ante el Alto Comisionado en México de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) las violaciones de los artículos 3 y 4 de la Constitución mexicana con la aprobación apresurada de la Secretaría de Cultura.
Los manifestantes expresaron que al menos 5 puntos de la iniciativa aprobada son ilegales y que ésta tiene objetivos ocultos como la explotación y utilidad privada de monumentos y zonas arqueológicas, históricas y paleontológicas de México, las cuales hasta la fecha han tenido una función educativa, identitaria y de cohesión social.
Detallaron que la Secretaría de Cultura tiene una un vacío importante ya que no hay una ley reglamentaria que regule las acciones del órgano cultural ni de su titular, lo cual significa que podrán hacer uso deliberado del patrimonio nacional.
Las violaciones a los derechos humanos de los mexicanos se manifiestan en “el uso intensivo de la infraestructura cultural”, la homogenización de la identidad multiétnica y el evitar por parte de las autoridades un debate nacional incluyente.
Los expertos declararon que en la aprobación de la iniciativa es “evidente el desinterés por parte de los diferentes actores políticos involucrados, quienes incluso ignoraron y violaron la precedente recomendación del Alto Comisionado de los Derechos Humanos en México en 2003”, quien declaró como imprescindible fortalecer la relación entre educación y cultura.
Las y los investigadores realizaron un estudio de la Secretaría de Cultura y lo plasmaron en el documento “Improcedencia para crear una Secretaría de Cultura; Reglamentación del Artículo 4º Constitucional como Alternativa Urgente”, en el cual se enfatiza la ausencia de los derechos culturales; declaran inaceptable la separación de cultura y educación; y cuestionan el poder ilimitado del titular del órgano cultural quien tendrá la concentración de decisión en el INAH e INBA.
