(22 de enero, 2016).- El gobierno de Enrique Peña Nieto ha admitido el grave problema de inseguridad que asecha al país que se ve reflejado en las cifras en ascenso de las desapariciones.
‘‘El fenómeno es hoy por hoy de muy alto impacto y está imponiendo costos muy altos a la imagen del Estado mexicano y cargas de carácter económico que exponencialmente pueden resultar incosteables’’, se precisa en el texto difundido en la página del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), dependiente de la Secretaría de Gobernación.
El caso más reciente y con mayor impacto mediático de desapariciones es el de los cinco varones desaparecidos en Tierra Caliente, Veracruz que tras casi quince días desaparecidos, aún no se tienen rastros de ellos.
Sin embargo la postura del ejecutivo es de preocupación por el impacto político y mediático, más que por revertir la situación de lesa humanidad. El flagelo se reproduce en casi todas las entidades como práctica, no de un grupo delictivo en particular, sino de la mayoría de ellos, dijo EPN
‘‘Esto representa una atomización agravada por la propia descomposición y recomposición de las bandas delictivas’’, reconoció la Procuraduría General de la República (PGR).
Las cifras oficiales apuntan que hasta el 31 de octubre de 2015 (´ltima actualización) las procuradurías y fiscalías reportaron en conjunto 26 mil 670 casos de personas no localizadas, 752 más que el trimestre anterior y 3 mil 399 más que en octubre de 2014.
Pero también existen las cifras de la Procuraduría General de la República (PGR), las cuales a noviembre de 2015 sumaban 968 expedientes. Adicionalmente se reportan 147 localizados y de éstos 103 están con vida y 44 muertos.
Cabe destacar que entre los implicados en las desapariciones aparecen órganos institucionales como el ejército, la policía federal y municipal. La fuerza armada de México es vinculada con 25 casos, la policía federal con 24 y con 36 casos se encuentra su homóloga municipal.
