(07 de febrero, 2016).- El grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados ha dado a conocer que será este próximo martes cuando proponga ante el pleno cameral y puntualmente a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, investigar “las violaciones de derechos humanos cometidos por las autoridades del gobierno de la Ciudad de México, en la aplicación del nuevo reglamento de tránsito, y de las llamadas fotomultas”.
Álvarez, diputado federal de Morena, asegura que su propuesta está basada en la mala aplicación del Nuevo Reglamento de Tránsito para el Distrito Federal, con la finalidad, según el gobierno de la ciudad, de proteger la vida de las personas.
“No obstante, dicha medida ha sido severamente cuestionada por la ciudadanía y por amplios sectores; incluyendo a legisladores federales y de la Asamblea Legislativa.Uno de las preocupaciones es la violación a los derechos humanos de las personas que conducen algún vehículo automotor, expertos han coincidido en que con estas disposiciones se afectan los derechos ciudadanos”, dijo.
Dentro de las anomalías del reglamento se encuentra que no se fijan las reglas adecuadas para que las autoridades impositoras, explica el legislador, puedan fijar su monto o cuantía, tomando en cuenta la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, su reincidencia en la conducta que la motiva y todas aquellas circunstancias que tiendan a individualizarla, propiciando excesos autoritarios al resultar aplicables a todos por igual, de manera invariable e inflexible.
Agregó que “lo anterior contraviene los artículos 22 y 31, fracción IV, de la Constitución, pues el primero prohíbe las multas excesivas y el segundo aporta el concepto de proporcionalidad tributaria, es decir que los mexicanos estamos obligados a contribuir al gasto público de manera proporcional y equitativa; lo que no fue considerado en el Reglamento”.
Álvarez asegura que “esta Suprema Corte ha establecido que las leyes, al establecer multas, deben contener las reglas adecuadas para que las autoridades impositoras tengan la posibilidad de fijar su monto o cuantía, tomando en cuenta la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, la reincidencia de éste en la conducta que la motiva y, en fin, todas aquellas circunstancias que tiendan a individualizar dicha sanción, obligación del legislador que deriva de la concordancia de los artículos 22 y 31, fracción IV, de la Constitución Federal, el primero de los cuales prohíbe las multas excesivas, mientras el segundo aporta el concepto de proporcionalidad. El establecimiento de multas fijas es contrario a estas disposiciones constitucionales, por cuanto al aplicarse a todos por igual, de manera invariable e inflexible, propicia excesos autoritarios y tratamiento desproporcionado a los particulares”.
Suma a ello “otro acto violatorio a los Derechos Humanos, relacionado con la boleta de infracción impuesta a una persona por la autoridad administrativa; ya que de conformidad con lo que estatuye el artículo 16 de la Constitución Federal de la República, cualquier acto de autoridad que implique la afectación del patrimonio de un gobernado, debe fundarse y motivarse adecuadamente, es decir, en forma individualizada, prudente, pormenorizada, señalando claramente los preceptos legales en los cuales apoya la autoridad el despliegue de su conducta, así como las circunstancias específicas, constancias y demás datos que informen el caso concreto de que se trate y que justifiquen la aplicación del precepto legal en cuestión. Hecho que no sucede en este caso.
Y sentencia que “asimismo, el programa de fotomultas, es anticonstitucional debido a que hay actos de molestia de la autoridad hacia los ciudadanos y no se da la oportunidad de legítima defensa, es decir, el automovilista no tiene un peritaje que diga que el radar está calibrado correctamente.”
Citó como ejemplo el caso de Coahuila, en donde la Comisión de Derechos Humanos emitió la recomendación 103/2015, contra el Ayuntamiento de Saltillo y pidió al alcalde suspender las fotomultas por considerarlo violatorio de las garantías de los ciudadanos; entre otras recomendaciones, destacan:
Se instruya un procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de servidores públicos del personal del R. Ayuntamiento de Saltillo que, conforme la presente Recomendación, autorizó a una empresa particular a realizar las funciones de detectar, notificar y ejecutar infracciones por faltas administrativas al Reglamento de Tránsito y Transporte; que las funciones de detectar, notificar y ejecutar infracciones por faltas administrativas al Reglamento de Tránsito y Transporte, las realice en forma directa la autoridad administrativa municipal competente; con el carácter de urgente se proceda al análisis y estudio del contrato de prestación de servicios, a dicho contrato se le realicen las modificaciones necesarias las que se ajusten a las disposiciones constitucionales, legales y normativas y, en particular, que el sistema lo opere directamente la autoridad municipal competente.
