(29 de Marzo, 2016).- Organizaciones No Gubernamentales defensoras de Derechos Humanos criticaron al gobierno de Enrique Peña Nieto de no invitar al relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU),Juan Méndez, para que compruebe las constantes violaciones a las garantías individuales en el país y las posturas oficiales son contrarias a la verdad política.
“Una más de las acciones de la administración de Enrique Peña Nieto contrarias a construir una verdadera política de defensa de las garantías fundamentales” señalaron los defensores de derechos humanos.
Humberto Guerrero, coordinador de derechos humanos de Fundar, reconoció que la postura del gobierno federal era esperada tras los conflictos protagonizados por el informe sobre tortura del año pasado.
En marzo del año pasado el relator especial de la ONU presentó el informe sobre el tema –producto de una visita que realizó al país en 2014–, en el que se concluyó que la tortura en México es generalizada y ocurre en un contexto de impunidad, lo que es un aliciente para su repetición y agravamiento. De inmediato, el gobierno federal negó dichas afirmaciones y desestimó el documento.
“En el conflicto del año pasado hubo aseveraciones muy fuertes y directas de funcionarios mexicanos contra el relator, a quien incluso se acusó de falta de profesionalismo. Por ello, que se le niegue una nueva visita es muy grave. Méndez quería dar seguimiento a esa visita y a su informe, al verificar el avance en el cumplimiento de sus recomendaciones. Si el Estado mexicano quería tener un debate serio sobre la idoneidad y metodología del informe, y de la exactitud de sus hallazgos, la visita del relator era la oportunidad” sostuvo el coordinador de Fundar.
“Parece una línea de la administración federal, pues se combina con otros hechos, como la respuesta dada al informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que también se desestima en lugar de preocuparse por lo sustantivo, que es resolver los problemas en materia de garantías fundamentales” añadió Guerrero.
Édgar Cortez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, expresó que la negativa se suma a una “obstaculización, descalificación y una imposibilidad concreta para que México sea monitoreado por organismos internacionales y que a la larga ese monitoreo permita identificar los problemas y construir soluciones”.
“Impedir la visita (solicitada por Méndez desde septiembre de 2015 debido a que en octubre próximo concluye su encargo) es impedir una verificación a las recomendaciones del informe; por el contrario, parece que la intención es que (se crea que) ya se ha superado la situación expresada en el reporte” agregó el defensor de derechos humanos.
