(29 de marzo, 2016).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rechazó categóricamente la campaña de desprestigio que el Gobierno mexicano ha iniciado contra el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y contra su Secretario Ejecutivo, Emilio Alvarez Icaza Longoria.
“La CIDH rechaza en forma contundente la averiguación previa iniciada contra Emilio Alvarez Icaza Longoria por un presunto delito de fraude en perjuicio del Estado mexicano en relación con el trabajo del GIEI, tras una denuncia radicada en el contexto de esta campaña de descalificación”, informa la comisión por medio de un comunicado.
Asimismo, calificó como “inadmisible” la apertura de una averiguación previa pues, aclaró: Emilio Alvarez Icaza Longoria, en su carácter de Secretario Ejecutivo de la CIDH, al firmar el acuerdo de cooperación con México actuó en representación de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA), a través de la figura de “delegación de firma” (…) la contribución financiera voluntaria del Estado mexicano para la instrumentación del acuerdo fue depositada directamente a las cuentas de la Secretaría General de la OEA, por medio de su Secretaría de Administración y Finanzas. La CIDH no administró estos recursos, por tanto tampoco lo hizo el Secretario Ejecutivo”.
La CIDH recordó que el informe de investigación y primeras conclusiones del GIEI, presentado en septiembre de 2015, señala irregularidades, inconsistencias y/o ausencias en la investigación de los hechos por parte de las autoridades estatales cuestionando, particularmente, “la versión histórica” de Jesús Murillo Karam, la cual sostenía de que los normalistas hubiesen sido incinerados en el basurero de Cocula.
“La Comisión reitera su respaldo al trabajo realizado por el GIEI en todos sus aspectos y acompaña los informes y las recomendaciones presentadas por el Grupo (…)Asimismo, la CIDH respalda en forma categórica el accionar de su Secretario Ejecutivo, que en todo momento actuó de acuerdo a las decisiones e instrucciones de los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión expresa además su confianza absoluta en la probidad de su Secretario Ejecutivo, opinión fundada en el conocimiento de su accionar, tanto en relación al tema específico de esta infundada denuncia como en toda su gestión a cargo de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH”, concluye.
