(06 de abril, 2016).- En 14 puntos, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI), resumió su postura contra el informe del caso Cocula, Guerrero que presentó la Procuraduría General de la República (PGR) hace unos días.
El GIEI explicó que se firmó un acuerdo, primero en Washington y luego en México, entre la PGR y el GIEI, “donde se incluía la petición a los peritos de fuego de un informe conclusivo, en base al consenso y con la posibilidad de que, si no existía tal, se señalasen las opiniones discrepantes”. Además, el acuerdo era que el texto tendría que ser conclusivo y la comunicación confidencial hasta entonces.
Incluso, el GIEl había mencionado a la PGR que no se oponía en hacer públicos los nombres de las personas seleccionadas, “pero la PGR insistió en que eso era importante para mantener fuera de la presión a los peritos seleccionados”. Además, informaron que la entrega del informe final estaba prevista para el 31 de marzo y que el acuerdo “era que los resultados se entregaban, pero no había ningún acuerdo para hacer una comunicación pública inmediata”.
“La decisión de la PGR de realizar una conferencia de prensa fue tomada no solamente de forma unilateral, sino contra la postura del GIEI”, acusan, “además, por lo que el GIEI ha sabido posteriormente, la PGR había convocado a conferencia a los medios desde antes de las 11 de la mañana, aunque sin dar a conocer el tema de dicha convocatoria. El GIEI no fue informado de que ya se había invitado a los medios a una conferencia ni antes ni durante la reunión de las 12:00 horas. Tampoco nos fue mostrado el escrito que posteriormente se leyó”.
Y continúa “las informaciones públicas que señalan que no se quiso estar en dicho acto, no responden a la verdad. El GIEI advirtió a la PGR que no se podía hacer una comunicación pública de algo provisional, que no habíamos leído y que esa no era una decisión que les correspondiera a los peritos de fuego sino a la PGR y al GIEI, dado que los peritos realizaron un estudio con las bases de un acuerdo entre GIEI y PGR, y tienen mandato de confidencialidad”.
Por otra parte, jamás hubo un consenso del grupo ni fue revisado por las partes firmantes del acuerdo. Incluso, los padres no fueron informados a pesar que el GIEI “advirtió al perito que también para los familiares eso es muy importante y que mantener la credibilidad del proceso exige cuidado”, al final, “la PGR tomó una decisión unilateral, y el Sr. Ricardo Torres y el subprocurador Betanzos salieron públicamente sabiendo nuestra postura contraria”
El informe no recoge las respuestas que se pidieron a los peritos, debido a que señalan la necesidad de nuevos estudios, lo cual invalida todavía dicho planteamiento. Agregan que “después de la presentación pública del 1 de abril, el GIEI pidió a los peritos informar si habían tenido consenso o votos discrepantes sobre su reporte provisional, y algunos nos respondieron que no nos podían responder porque tenían un contrato de “confidencialidad permanente”. Hemos pedido a la PGR que señale a los peritos que dicha confidencialidad no podía darse con quienes hemos firmado el acuerdo de colaboración y las bases para dicho estudio”.
Además, el GIEI informa que ha pedido a la PGR la realización de una reunión con todos los peritos de fuego, los integrantes del GIEI y de la propia PGR en estos días para aclarar lo sucedido. Y que el Grupo no seguirá colaborando en este caso con un proceso que no se ajusta a los acuerdos tomados, a los estándares internacionales y que sólo contribuirá a la confusión y el descrédito.
“Quien ha tomado esa decisión ha contribuido de forma determinante al quiebre de la confianza y ha supuesto un nuevo impacto en los familiares. El derecho a saber de las víctimas es el primer objetivo de este trabajo y el modo en cómo se ha conducido este proceso ha aumentado su malestar, vulnerabilidad e incertidumbre”.
“No hay conclusiones, advierte, el GIEI no va a contribuir a aumentar la confusión difundiendo aspectos preliminares sobre un problema delicado y complejo”. Y agrega “advertimos que estos análisis o pruebas experimentales no se han hecho por parte de los peritos y por tanto no hay respuestas a las preguntas señaladas en los objetivos del peritaje: cuestiones tales como cantidad de energía que se necesita para la combustión de cuerpos humanos a la intemperie; determinar el mínimo de madera suficiente para sustentar un fuego de suficiente calor para cremar un cuerpo en esas circunstancias; determinar la contribución adicional de llantas y plástico y otros elementos que pudiera haber en el basurero; o validar si una pira como la señalada puede cremar una parte significativa de un cuerpo”.
“La utilización política de esta cuestión muestra una enorme irresponsabilidad y muy poca sensibilidad por el derecho a la verdad de los familiares, de México y del mundo entero, para el que el caso Ayotzinapa se ha convertido en una referencia”.
Y concluyen “hace tiempo que se sabe que hay restos óseos de personas en el basurero y también que los restos de una persona encontrados no corresponden a ninguno de los normalistas. México y los familiares necesitan una respuesta científica y cuidadosa a las preguntas planteadas”.
Al termino de la conferencia, sostuvieron que “el GIEI ha señalado a las autoridades que cumplirá con el trabajo para el que ha sido convocado, se centrará en el informe, el trabajo con las víctimas y la revisión final del expediente, así como en la ley de desaparición de personas, y que no seguirá trabajando con la PGR en esta cuestión”.
Como lo informó RevoluciónTRESPUNTOCERO, la mañana del pasado viernes primero de abril, la Procuraduría General de la República (PGR) dijo públicamente haber recibido “por conducto del vocero del Grupo Colegiado de Expertos en Materia de Fuego un sobre donde se revive la verdad hístórica en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ya que se determinó que hay evidencia suficiente para afirmar que sí existió un fuego controlado de grandes dimensiones en Cocula en septiembre de 2014″. Inmediatamente el GIEI respondió que la PGR rompió los acuerdos de confidencialidad del proceso y rompió el pacto de tomar decisiones mediante consenso.
