(10 de abril, 2016).- Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado consideró que el proyecto de dictamen de ley general para prevenir y sancionar delitos en materia de desaparición forzada debe incluir las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), como la de que sea una norma eficaz y centrada en la búsqueda de los ausentes.
De la misma manera señaló que dicho proyecto del ejecutivo elaborado por la Comisión de Justicia no refleja esa prioridad y deja fuera la creación de un registro nacional de datos de personas detenidas.
Dijo que como los el acuerdo de confidencialidad, los órganos que han investigado son los que deben revisar dicho proyecto sumando a las familias de los 43 normalistas de Ayotzinapa, toda vez que se trata de los afectados, quienes deben ser amparados por la nueva ley.
“Testimonios de los familiares de víctimas de ese delito coinciden en que la policía los detiene, son torturados y nunca llegan a una barandilla (del juez), porque antes los desaparecen. Con el registro obligatorio será más fácil saber qué pasó y cómo actuaron los agentes del Estado”.
El proyecto de dictamen se presentará la próxima semana e incluye –adelantó-, las observaciones del relator Méndez que establece un solo tipo penal y la posibilidad de sancionar a toda la cadena de mando implicada en “tratos crueles o degradantes”.
