(14 de abril, 2016).- El ejército intimidó a las familias del campamento San Pedro en Balancán, Tabasco que tienen adeudos con la Compañía Federal de Electricidad (CFE) para que paguen sus recibos.
Relatos de los habitantes advierten que la paraestatal a través de un abogado pidió la presencia de un agente del Ministerio Público Federal que a su vez llegó resguardado por militares armados.
Mientras se esperaba la respuesta de los habitantes en cuanto a su estatus deudor, 36 elementos del ejército mexicano resguardaban las viviendas de las 36 familias a las que se les solicitaba que firmaran el acuerdo de deuda con CFE.
El funcionario de CFE insistió en que si no pagan podrían ir a la cárcel por los adeudos. No obstante, los afectados no han hecho acuerdo alguno para el pago de energía eléctrica y manifiestan su rotundo rechazo a la presencia militar.
Carlos Valenzuela Cantellano, poblador de la zona comento: “Sólo falta que pase lo que hicieron en Acteal o con los estudiantes de Michoacán, en donde el Ejército se vio involucrado, ahora resulta que se dedican a cobrar la luz del gobierno”, precisa Carlos Valenzuela, un gestor local.
Por su parte, la CFE emitió un comunicado negando los hechos, “CFE manifiesta su respeto al Ejército Mexicano y enfatiza que bajo ninguna circunstancia ha solicitado su intervención en acciones que comprometan el prestigio de sus elementos ni la integridad de cualquier ciudadano o grupo de personas”
“Las acciones que se efectuaron en el Campamento SAGARPA del municipio de Balancán, Tab. Estuvieron a cargo del Ministerio Público Federal que realizó una verificación en sitio de 35 derivaciones, que alimentan a personas quienes se han conectado de forma ilícita al tendido eléctrico, negándose en reiteradas ocasiones a celebrar un contrato con CFE para que se les puedan instalar medidores y facturar sus consumos, por lo que hace 2 años se presentó una demanda por robo de energía, explicó. Expresamos por este conducto la información para evitar que personas sin escrúpulos utilicen a las redes sociales como un escaparate, para confundir a la opinión pública vertiendo datos falseados con la intención de evadir la acción de la legalidad en contra de actos que cometen al margen de la ley”, sentencia CFE.
