(17 de mayo, 2016).- Clara Gómez González, madre de Érika de 15 años, una de las víctimas de la masacre de Tlatlaya, expresó que ante la orden judicial dictaminada el pasado viernes sobre la liberación de tres militares implicados en las ejecuciones, teme por ella y sus hijos ante las represalias que pueda haber en su contra, pese a que cuenta con medidas de seguridad.
En entrevista con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, instancia que la ha representado, la madre de Érika, quien además sobrevivió a la masacre cometida por elementos del Ejército contra la sociedad civil en Tlatlaya, Estado de México, expresó que tiene un “enorme sentimiento de impotencia y muchísimo coraje” y aseguró que “estamos viendo un gobierno muy corrupto” ya que no sirve de nada que las autoridades pidan que denuncien porque después dejan libres a los responsables.
“Así, no tiene caso. El gobierno primero dice que denuncien, pero ¿para qué? ¿Para que luego los dejen libres y uno tenga más miedo que antes?”, recalcó.
En entrevista con Reforma agregó que “ahora que todos están libres (militares) ya no se siente uno seguro, te tienes que cuidar más. A lo mejor me pueden hacer daño, a mí, a mi familia, a mis hijos, no sé. Tiene uno miedo, no puedo decir exactamente dónde vivo, me tuve que cambiar de domicilio”.
Asimismo Clara exige que se reconozca a su hija como víctima de la masacre de Tlatlaya, ya que hasta la fecha la Procuraduría General de la República (PGR) asegura que Érika murió en el fuego cruzado, cuando la verdad es que los militares ejecutaron a los civiles, y subrayó que no detendrá su búsqueda de justicia, ya sea con instancias nacionales o internacionales que defienden los derechos humanos.
“Estoy indignada, enojada, porque la verdad ya son dos años y no hay avances de nada. El magistrado que los dejó libres yo pienso que tuvo algo que ver ahí, a lo mejor él mismo está encubriendo a los elementos, porque ellos quieren que el caso quede impune”, declaró.
Por su parte las organizaciones no gubernamentales a nivel nacional e internacional han sentenciado y reprobado la decisión judicial del Estado de dejar en libertad a los 8 militares que eran procesados por las violaciones a los derechos humanos cometidas el 30 de junio de 2014.
El sexto tribunal unitario del segundo circuito ordenó la liberación de los militares Fernando Quintero Millán, Roberto Acevedo López y Leobardo Hernández Leónides, quienes enfrentaban acusaciones de homicidio, encubrimiento y modificación ilícita, ya que se desestimaron las pruebas contra ellos por el Ministerio Público Federal; los otros 5 militares salieron libres en octubre pasado.
El caso de Tlatlaya ha sido calificado como uno de los más graves abusos militares contra los civiles y el cual una vez más se perfila a quedar impune, ya que no existe ningún inculpado por el caso del asesinato de 15 a 22 civiles.
