(28 de mayo, 2016).- Según información del secretario de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, en 2015 se presentaron mil 164 denuncias, de las cuales 849 eran de México. Aun cuando se ‘presume’ que este país tiene el sistema más robusto de instituciones públicas en materia de garantías individuales del continente, 32 organismos públicos y una institución nacional, es el país más denunciado ante dicho órgano internacional.
Durante una conferencia magistral, impartida en la UNAM, Álvarez Icaza, mencionó que en los últimos 15 años, el país ha estado expuesto a un escrutinio internacional, por lo que es preciso cumplir las recomendaciones, pues de no hacerlo el escenario se agravará.
“Uno de los desafíos es instrumentar una política pública relativa a niveles federal, estatal y municipal”, advirtió. A su vez, señaló que las imputaciones formuladas a la CIDH, tienen tres procedencias: la sociedad civil, abogados litigantes y personas en lo individual. “En 2015 se presentaron mil 164 peticiones de los 35 Estados miembro, y de éstas, 849 fueron de México, lo que puede interpretarse de dos maneras: que los distintos actores tienen condición para ejercer sus derechos, los conocen, denuncian las violaciones y encuentran en la entidad referida una instancia para resolverlos; o que esta cifra es el reflejo de una crisis en ascenso, es decir, que a falta de respuestas a nivel interno se acude a ámbitos externos”.
También dijo que las medidas cautelares emitidas por la CIDH son un sistema de emergencia de protección inmediata donde no se juzga, sino que se le dice a la autoridad qué hacer para evitar vejaciones mayores. “Aquí hay principios disparadores de participación pública, pues parte importante de las solicitudes provienen de actores civiles interesados en defender los derechos humanos”.
Puntualizó que, “hoy la sociedad encara la exigencia de presentar pruebas de todo lo aseverado; ya no basta confinar el hecho, ahora estos indicios deben remplazar el discurso, lo que demuestra la importancia de la evidencia científica como sustento de la investigación de la justicia”.
