(30 de mayo, 2016).- Este lunes, la CNDH solicitó al gobierno de Chiapas implementar medidas cautelares para las víctimas de desplazamiento por el conflicto en Chenalhó, así como garantizar sus derechos “con la finalidad de prevenir hechos de difícil o imposible reparación”.
La Comisión detalló que en los últimos cinco días, “en dicho municipio hubo personas heridas por impacto de arma de fuego y la pérdida de la vida de dos personas, una de ellas menor de edad, en tanto que algunos medios de comunicación, han dado cuenta de aproximadamente 80 familias que han tenido que desplazarse de manera forzada y precipitada de sus comunidades, con la finalidad de proteger su integridad física e, incluso, su vida, por la situación de violencia que todavía impera allí, requiriendo el apoyo inmediato de las autoridades de la entidad”.
Instó al Secretario General de Gobierno de Chiapas, Juan Carlos Gómez Aranda, a realizar un censo de las personas víctimas del Desplazamiento Forzado Interno (DFI) así como garantizar la satisfacción de sus necesidades básicas de alimentación, salud y vivienda.
Llamó a las autoridades a brindar protección y resguardo de las personas víctimas del DFI, por los hechos de violencia generados, ante el estado de vulnerabilidad en que se encuentran, y garantizar su derecho a la integridad física e, incluso, su vida. Asimismo que se prevean los lugares de alojamiento temporal de las familias desplazadas y, en su caso, el acceso de las mismas a los servicios de salud, educativos, jurídicos y laborales
Por último, llevar “las acciones necesarias dentro del marco jurídico, que permitan dar solución a los hechos de violencia generados en los últimos días en el municipio de Chenalhó, Chiapas”, con la finalidad de que en el menor tiempo posible las víctimas del DFI, puedan tener un retorno seguro y duradero a sus comunidades de origen.
El día sábado, los pobladores explicaron en el pronunciamiento autodenominado “Movimiento Pedrano Chenalhó” que “los primeros en iniciar la agresión fueron simpatizantes de la ex Alcaldesa que atacaron a comuneros que regresaban de participar en la asamblea comunal que eligió a Sántiz”.
Durante los actos violentos, falleció un hombre, llamado Guadalupe Cruz Hernández, de 55 años, y más tarde la menor Adriana Mendez Gutiérrez, de 12 años, cuando era atendida en Tuxtla Gutiérrez. La Procuraduría de Justicia del Estado detuvo a José Cruz Gómez, de 19 años, y a Javier Cruz López, de 41, inculpados de los homicidios.
