No conformes con hacer aparecer al país, a los ciudadanos, como campeones en corrupción, con lento o nulo aprendizaje; figurar entre las naciones con altos porcentajes de analfabetismo; violadores con marca de los derechos humanos, torturadores, peligrosos para el mundo, tenemos que soportar nos representen internacionalmente con grados superlativos de ignorancia, con un desconocimiento tal en quien cuenta con poderes absolutos alejados de cualquier esquema o concepción democrática, provocador de degradantes expresiones sobre los mexicanos. Ni siquiera podemos aspirar a que quienes han obtenido el Premio Nobel en literatura o en Física o por haber procurado la paz, o tener a uno de los cinco hombres más ricos del mundo, salven o limpien tan funesta imagen. Contar con una Secretaría de Cultura no ha servido sino para engrosar la burocracia y en cuanto a los Museos, son un atractivo turístico como las grandes construcciones de las culturas prehispánicas de las cuales, esas mismas máximas autoridades lo desconocen todo.
“Me preocupo por la gente pobre, que está trabajando muy fuerte y no tiene la oportunidad de avanzar. Y me preocupo por los trabajadores, que sean capaces de tener una voz colectiva en su lugar de trabajo. Quiero estar seguro de que los niños están recibiendo una educación decente. Y creo tenemos que tener un sistema de impuestos que sea justo”, lo anterior expresado por Barack Obama en la Cumbre de Líderes de Norteamérica en Canadá, el escenario en donde, además, no sólo mostró estar más que enterado de las críticas por el manejo impopular del mandato de Enrique Peña Nieto, sino que en las pretensiones de éste de quedar bien y lanzarle críticas a Donald Trump, resultó, de nuevo, exhibido: “hay que tener cuidado cuando se usa esa palabra “porque yo soy un populista”. “Quien nunca ha demostrado ningún respeto por los trabajadores es un cínico, no un populista”. Así, la crítica del mexiquense a “las personas que recurren al populismo y a los liderazgos políticos demagógicos” resultó como su gobierno: de reversa.
Una a una van cayendo las palabras de Obama sobre el mandato peñista: la preocupación por la gente pobre: en nuestro país ya más del 60 por ciento está en esas condiciones; por los que no tienen la oportunidad de avanzar: de eso no se hace mención alguna dentro del gabinete actual y mucho menos forma parte de la agenda presidencial; sobre tener una voz colectiva en su lugar de trabajo, en México todo depende del grado de manipulación que estén dispuestos a ejecutar los líderes sindicales, si lo hacen de manera independiente la represión y hasta el encarcelamiento están a la vista. La revuelta magisterial recorre la información internacional, sobre todo cuando se habla de la inexistencia de una reforma educativa lo cual se revela con “quiero estar seguro de que los niños están recibiendo una educación decente”. Hasta las pretensiones de Luis Videgaray recibieron sus primeras paladas de entierro al hablar el afroamericano de un sistema de impuestos justo. Cada una de sus expresiones reveló cada una de nuestras carencias.
A LAS PRUEBAS SE REMITEN
Las críticas lanzadas desde el extranjero, las publicadas en otros medios del mundo, los lastimaban, ahora ya es necesario hacerlas como Obama, públicas, de frente, personalmente para buscar sean escuchadas. Y razones, por desgracia, sobran. Podemos regresar a los tiempos de Gustavo Díaz Ordaz, con clave en la CIA, bajo cuyo mandato tuvo lugar una revuelta estudiantil y una masacre inolvidable; Luis Echeverría, acusado de ser coautor de esta matanza, se convirtió en el primer y único presidente en recibir dos órdenes de aprehensión por presunto genocidio, tres décadas después de los hechos. Cumplió una breve prisión domiciliaria y fue absuelto de toda responsabilidad en el 2009. Pese a contar en su haber con otras masacres, Echeverría fue intocable para José López Portillo.
El “intelectual” habitante de Los Pinos, encarceló a Eugenio Méndez Docurro, titular de Comunicaciones y Transportes, al de la Reforma Agraria, Felipe Barra García, al ex director del Fideicomiso Bahía de Banderas, Alfredo Ríos Camarena y al del Inmecafé, Fausto Cantú Peña. Méndez Docurro recuperó la libertad con un pago de 400 mil dólares; A Barra García, salir de prisión le impuso liquidar 10 millones de pesos; Ríos Camarena se desquitó cambiando hasta de giro “profesional” y Cantú, a quien se le persiguió por contrabando, también obtuvo su liberación con la contratación de buenos y caros abogados. Da inicio entonces la regla no escrita de encarcelar, al inicio del sexenio, a uno que otro funcionario federal corrupto para, poco tiempo después y una vez conocido el rejuego del poder, ordenar los dejen libres.
Miguel de la Madrid y su “renovación moral” no alcanzó a la “Colina del Perro”, la mansión familiar cuya construcción ordenó López Portillo, misma realizada con la “cooperación” de los constructores de los entonces denominados “Ejes Viales” en la capital del país. Persiguió, tal y como lo marcaron los cánones de sus antecesores, a dos personajes: Jorge Díaz Serrano y Arturo Durazo Moreno. Sobre el primero hubo toda una penosa secuencia: primero, eliminación del fuero, era senador en el momento en el cual se le acusó de fraude por la compra de dos buques cuyo monto alcanzaba los 5 mil millones de dólares y la venta de crudo en el mercado libre de Amsterdam. Durazo fue procesado por extorsión, contrabando, acopio de armas y abuso de autoridad.
Carlos Salinas, buscando legitimarse, encarceló a Joaquín Hernández Galicia, a Salvador Barragán Camacho, a José Sosa y a José Cruz Hernández por acopio y almacenamiento de armas para uso exclusivo del Ejército; introducción ilegal de aeronaves con valor superior a 10 millones de dólares, evasión fiscal, ataque a la seguridad nacional y asesinato –de un cadáver sembrado a la puerta de su domicilio-. La cadena de acusaciones mostró, para muchos, el tamaño del miedo de Salinas a los movimientos sindicales en apoyo de Cuauhtémoc Cárdenas. Hasta la fecha se reprocha la reclusión en el Campo Militar número Uno del general Francisco Gallardo Rodríguez, por atreverse a proponer la creación de un defensor de los derechos humanos dentro de las fuerzas armadas. Removió a 19 gobernadores, pero a ninguno se le fincaron responsabilidades.
Ernesto Zedillo Ponce de León, empleado de diversas empresas en EU y quien se negara a recibir la pensión otorgada a los ex presidentes, dirigió sus baterías en contra de su antecesor de manera directa. Arrestaron a Raúl Salinas de Gortari bajo los cargos lavado de dinero, de 160 millones de dólares presuntamente producto del narcotráfico, asesinato y enriquecimiento ilícito. Pasó algunos años supuestamente en prisión, con su liberación le otorgaron la devolución de todo su dinero. Oscar Espinoza Villareal, ex regente de la capital del país, fue acusado de peculado y desvío de fondos por 420 millones de pesos. Para su aprehensión fue solicitado el desafuero del también ex secretario de Turismo, quien para defenderse solicitó asilo político en Nicaragua, país en el que lograron su detención aunque su defensa la llevo a cabo en libertad. A Dante Delgado lo encarceló por peculado de 450 millones de pesos, agravio patrimonial, abuso de autoridad e incumplimiento de un deber legal. Recobró su libertad y fundó Convergencia. Pablo Chapa Bezanilla, investigador en el caso de los crímenes del Cardenal Posadas y de Ruiz Massieu, fue acusado de asociación delictuosa –por la famosa Paca, la de la osamenta-, falsos informes, violación a las leyes de inhumación y otros, permaneciendo 58 días en la cárcel, nada más. Aguas Blancas y la masacre ahí cometida protegieron tanto a Zedillo como a Emilio Chuayffet y al cacicazgo de los Figueroa Alcocer. El general Jesús Gutiérrez Rebollo fue procesado por saber demasiado de la relación de la familia presidencial con las mafias del narco. Mario Villanueva, ex gobernador de Quintana Roo, es el único que sigue en prisión en los EU.
Vicente Fox apuntó sus misiles sobre personajes ligados a la política y sobre todo a AMLO. Es el caso de René Bejarano y de Gustavo Ponce. El primero reconocido como “el señor de las ligas” y el segundo como jugador de grandes vuelos en las Vegas. Vio pasar de largo el caso del ex gobernador del Estado de México, Arturo Montiel, los señalamientos en su contra, el escandaloso enriquecimiento y el conflicto familiar. Con su llegada hubo la promesa de que “caerán peces gordos” y al final se supo no hubo ni “charales”.
Felipe Calderón levanto cargos en contra de Juan Sabines, ex gobernador de Chiapas, por lavado de dinero y asociación delictuosa; quedó liberado. A Narciso Agúndez Montaño, ex gobernador perredista de Baja California, se le fincaron cargos por peculado: quedó libre y no repuso ninguna cantidad. Pablo Salazar Mendiguchia, ex de Chiapas, fue acusado por el desvío de 104 millones de pesos. Estuvo unos meses en prisión y resultó absuelto; del dinero, nada. El “michoacanazo” resultó tan ridículo como la aprehensión de Jorge Hank Rhon. Sólo bastaron unas horas para “enderezar” la orden.
Enrique Peña Nieto ha actuado en contra del ex gobernador de Aguascalientes, Armando Reynoso Femat, quien ha enfrentado los cargos en libertad y ya no tiene procesos pendientes. Rodrigo Vallejo Mora, hijo de Fausto Vallejo Figueroa, ex gobernador de Michoacán, por supuestas relaciones con “La Tuta”, sigue libre; Jesús Reyna, ex secretario de gobierno de Vallejo, sigue en prisión. Andrés Granier, ex gobernador de Tabasco, acusado de lavado de dinero y defraudación fiscal por dos millones 552 mil pesos y otros desvíos solo mediáticos pero no comprobados, sigue en la cárcel. Elba Esther Gordillo, lideresa magisterial sigue presa, con el juicio pendiente y sin pruebas sobre diversos delitos. Una protección que contrasta abiertamente con las detenciones mencionadas se centra en la figura de Humberto Moreira, máximo exponente, dejando atrás las extendidas a César Duarte, Fidel Herrera, Guillermo Padrés, Tomás Yarrington, Eugenio Hernández, Marcelo Ebrard e incluso a la vocera de Calderón, Alejandra de la Sota.
Son aceptados señalamientos y críticas ante la vigencia: “para mis amigos justicia y … para mis enemigos, todo el peso de la ley”.
