La impopularidad de Peña Nieto tiene sustentabilidad en los bolsillos vacíos de los mexicanos; en la inseguridad imperante en sus barrios y colonias en todas las ciudades del país; en la impunidad ante los escándalos de corrupción de la clase gobernante, el autoritarismo y la violación a los derechos humanos; en la carestía apuntalada en la devaluación del peso frente al dólar, la cual se refleja en menos alimentos en las mesas de las familias mexicanas; y en la escasez de recursos para programas sociales como consecuencia de la falta de dinero, el cual se destina en cantidades cada vez mayores a una creciente deuda pública y tiene efecto en los servicios de salud y educación, principalmente.
No hay renglón en el cual no haya fallado la gestión del mexiquense. Las promesas de crecimiento económico no serán cumplidas en este sexenio. Una vez más los analistas del sector privado redujeron la previsión de crecimiento económico para este año, de 2.44 a 2.36 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), de acuerdo con un sondeo aplicado del 16 al 29 de junio, como consecuencia del referendo favorable a la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, realizado la semana pasada.
Sin considerar el efecto del alza en la tasa de interés de referencia en el mercado financiero mexicano, elevada el jueves por el Banco de México de 3.75 a 4.25 por ciento, los analistas estiman un peso más depreciado: la cotización para el cierre del año fue ubicada en 18.31 pesos por dólar, 39 centavos arriba de lo considerado en la encuesta previa.
Los especialistas en economía del sector privado estima que al cierre del año el dólar continuará por encima de 18 pesos al menos hasta 2018, a cuyo cierre esperan en 18.31 pesos el costo del dólar, un 1.7% más caro que lo previsto el mes anterior.
EXHORBITANTE ENDEUDAMIENTO
La ineficacia del gabinete económico del actual gobierno federal se comprueba con los mismos datos oficiales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los cuales reportan un ritmo de endeudamiento de mil 380 millones de pesos diarios para completar los recursos para su operación y los programas de inversión durante el periodo enero-mayo. El Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público, la medida más amplia de deuda pública, a mayo de este año ascendió a 8 billones 841.9 mil millones de pesos, un crecimiento de 208 mil 400 millones de pesos con respecto al monto observado al cierre de 2015.
Y el costo de la deuda neta total del gobierno federal por el mayor pago de intereses aumento 17.7 por ciento, que representó 17 mil 399 millones de pesos extra, al pasar de 83 mil 776.9 millones entre enero y mayo del año pasado a 101 mil 175.7 millones en el mismo periodo de 2016. Así, el saldo de la deuda externa neta del sector público federal se situó en 172 mil 800 millones de dólares, un aumento de 7.3 por ciento y superior en 11 mil 200 millones de dólares al registrado al cierre de 2015, cuando se ubicó en 161 mil 600 millones de dólares. Mientras, el saldo de la deuda interna del sector público federal, que incluye la del gobierno federal, la de Petróleos Mexicanos (Pemex), de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la banca de desarrollo, se ubicó en 5 billones 285.5 mil millones de pesos al cierre de mayo, lo cual significó un incremento de 94.4 mil millones respecto del saldo observado al cierre de 2015.
SUBEN HOMICIDIOS
Paradójicamente, mientras se incrementan las posibilidades de Miguel Ángel Osorio Chong de ser el candidato presidencial del PRI, bajan los resultados en las áreas a su cargo de la Secretaría de Gobernación. El mes pasado, los asesinatos relacionados con el crimen organizado se elevaron y se ubicaron en 33 diarios, lo cual equivale a una muerte cada hora y media. En ese periodo, los asesinatos se incrementaron 87 por ciento respecto a junio de 2015 y 16 por ciento en comparación con mayo de 2016.
En el sexto mes de este año se cometieron 996 homicidios, la segunda cifra más alta en lo que va de la presente administración, sólo por detrás de marzo de 2013, cuando se reportaron mil 48 víctimas mortales. En total, en el primer semestre de este año se han registrado 4 mil 990 homicidios ligados al narcotráfico, con un promedio mensual de 831 víctimas, es decir, en junio se rebasó la media por 165 casos. Respecto a los primeros seis meses del año anterior, los casos registrados en 2016 significan un aumento de 32 por ciento.
Por entidades federativas, del total de asesinatos en el país, el 62.5 por ciento se concentraron en los estados de Chihuahua, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Veracruz. De esos, Guerrero se ubica como el más violento al sumar 163 homicidios. En la entidad gobernada por el priísta Héctor Astudillo se registró la cifra más alta de víctimas mortales en lo que va del año, al superar los 145 decesos que se contabilizaron en marzo pasado. Además, en junio se registró un promedio de por lo menos cinco asesinatos diarios.
IMPERA IMPUNIDAD
A dos años de los sucesos en la comunidad de San Pedro Limón, en el municipio mexiquense de Tlatlaya, donde 22 personas fueron asesinadas, entre ellas una adolescente de 15 años, impera la impunidad. El Poder Judicial de la Federación aún analiza los elementos de prueba aportados por el agente del Ministerio Público Federal con los cuales busca acreditar la probable responsabilidad penal de los soldados Fernando Quintero, Roberto Acevedo y Leobardo Hernández en este caso.
La Procuraduría General de la República (PGR) indaga la presunta ejecución de entre 12 y 15 personas en una bodega de esa comunidad. La dependencia realiza una nueva investigación luego de que el Sexto Tribunal Unitario determinó: las pruebas presentadas por el MP para acusar a siete militares por los homicidios presentan inconsistencias. Hasta el momento no existe ninguna persona procesada por estos crímenes.
El pasado mes de marzo, el Juzgado Sexto Militar dictó sentencia absolutoria a seis de los siete militares acusados de participar en la supuesta ejecución extrajudicial de al menos 12 personas. Al séptimo soldado acusado del delito de infracciones de deberes militares le dictaron una sentencia condenatoria de un año de prisión por el delito de desobediencia, pena que compurgó. Y en mayo pasado, el Sexto Tribunal Unitario del Segundo Circuito ordenó la liberación de los últimos tres soldados detenidos por el delito de encubrimiento en la modalidad de alteración y modificación ilícita del vestigio del hecho delictivo del 30 de junio de 2014.
Por otro lado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) reportó que la recomendación 51/2014, emitida el 21 de octubre de 2014 sobre esos hechos, se encuentra con cumplimiento parcial, puesto que faltan puntos por atender. La CNDH consideró prioritaria la reparación integral del daño a las víctimas.
Con la llamada “guerra al narcotráfico”, la desaparición forzada resurgió en México con una fuerza estremecedora, a partir de 2006, advirtió la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH). “El Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas contabiliza a más de 28 mil 161 personas en esa condición, pero existen únicamente seis sentencias en el ámbito federal por la comisión de desaparición forzada”, destacó.
El problema se traduce en un ataque contra la población civil, por parte de autoridades y organizaciones criminales, en un contexto de alarmante impunidad, acusó en un análisis la CMDPDH.
