La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el asesinato del periodista Pedro Tamayo Rosas, ocurrido el 20 de julio en la localidad de Tierra Blanca, estado de Veracruz, México.
Instó a las autoridades mexicanas “a actuar de manera pronta y oportuna para investigar el crimen e identificar y sancionar a los responsables, tanto materiales como intelectuales”.
Mediante un comunicado, la CIDH recordó que Tamayo colaboraba con los diarios El Piñero de la Cuenca y Al Calor Político en el estado de Veracruz para los cuales cubría sucesos policiales y había reportado secuestros, hallazgo de cadáveres en fosas clandestinas y ejecuciones.
“La Relatoría expresa su consternación ya que el asesinato de Pedro Tamayo ocurrió pese a la existencia de medidas de protección otorgadas a favor del comunicador y la vigencia del Sistema de Alerta Temprana y Planes de Contingencia para la protección de los periodistas de Veracruz.
Este es el séptimo asesinato de un periodista en México ocurrido este año del cual la Relatoría tiene conocimiento: el 21 de enero fue asesinado Marcos Hernández Bautista en la localidad de San Andrés Huaxpaltepec, estado de Oaxaca; el 9 de febrero Anabel Flores Salazar fue hallada muerta en el estado de Puebla; el 20 de febrero fue encontrado sin vida el cuerpo de Moisés Dagdug Lutzow en el estado de Tabasco; el 25 de abril fue asesinado Francisco Pacheco Beltrán en Taxco, estado de Guerrero, el 14 de mayo fue asesinado Manuel Torres González en Poza Rica, estado de Veracruz y el 19 de junio fue asesinado Elpidio Ramos Zárate en Juchitán de Zaragoza, estado de Oaxaca”, se lee en el comunicado donde la Relatoría Especial mostró su “preocupación por el aumento de la violencia contra periodistas en México que se expresa en el incremento de la cifra de periodistas asesinados en relación con años anteriores, cuyas muertes podrían estar vinculadas al ejercicio de la profesión”.
“La situación de violencia contra los y las periodistas en México ha sido motivo de preocupación especial para esta oficina”, y agregó “la Relatoría Especial considera fundamental evaluar de forma urgente la posibilidad de activación de los mecanismos de atracción previstos en la ley y que este caso pueda ser investigado y judicializado de inmediato por las autoridades federales mexicanas”, sentenció.
“Cuando tales delitos quedan impunes, esto fomenta la reiteración de actos violentos similares y puede resultar en el silenciamiento y en la autocensura de los y las comunicadoras”, recalcó el organismo internacional.
