La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México comprobó que hubo detención ilegal y abuso de autoridad por parte de agentes de la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia en 25 casos.
La Comisión investigó los casos de las movilizaciones realizadas el 31 de agosto de 2013 contra la reforma energética, el del 1 de septiembre de 2013 por el primer Informe de Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, y del 3 de septiembre del mismo año por las detenciones realizadas dos días antes.
Encapsulamientos, detenciones ilegales, uso indebido y desproporcionado de la fuerza, tortura y negación de adecuada defensa es lo que se probó en dichos casos por lo que se emitió la recomendación 11/2016 por abusos en movilizaciones sociales por parte de agentes del Estado.
Recomendó ocho puntos a la SSP, a quien solicitó indemnizar a las 25 víctimas y proporcionarles acompañamiento psicológico además de determinar responsabilidades de mandos y policías responsables de las violaciones a los derechos humanos.
Mientras a la Procuraduría también le solicitó indemnizar a las personas a quienes se les violentó el debido proceso.
Asimismo otras violaciones cometidas por los funcionarios públicos fueron a la libertad de expresión, ejercicio de la manifestación pública, libre ejercicio periodístico, derecho a defender los derechos humanos, derecho a la libertad personal, a la integridad personal y al debido proceso.
“De manera particular, preocupa a este Organismo la criminalización de la protesta social que se observó en el caso de la agraviada Gabriela Hernández Arreola, quien, en razón de su actividad participó en manifestaciones públicas. Fue señalada por el órgano ministerial como un ‘riesgo para la sociedad’, situación que contraviene el derecho a la libertad de expresión y manifestación y que al mismo tiempo vulnera el principio de presunción de inocencia”, expresó Perla Gómez, titular de la CDH.
